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“He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los diez miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país”, afirmó.
Esto significa, agregó, “la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol” para su ubicación y captura.
De momento, la guerrilla no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra ni sobre la decisión del mandatario, que cuando asumió el poder en agosto había dejado en suspenso los diálogos que sostenía su antecesor Juan Manuel Santos con el ELN desde 2017, primero en Quito y luego en La Habana.
Según Duque, el gobierno redoblará la persecución a los guerrilleros y denunciará a “cualquier Estado que brinde respaldo o permita la presencia de miembros de este grupo en su territorio”.
El mensaje supone en la práctica una notificación a Venezuela, donde según autoridades colombianas se esconden líderes de la última guerrilla reconocida en Colombia tras el pacto de paz de 2016, que desarmó y transformó en partido a las poderosas FARC.
Caracas y los rebeldes han negado esas versiones.
Entretanto, “agradecemos la solidaridad expresada por el gobierno de Cuba y hoy les pedimos hacer efectivas las capturas de los terroristas que se encuentran en su territorio y entregarlos a las autoridades policiales colombianas”, expresó el gobernante.
Sin evidencia
Duque decidió romper el agonizante proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –el quinto que fracasa en 55 años de alzamiento armado– tras culpar a los guevaristas del “despreciable ataque” del jueves.
El acto contra la escuela de cadetes fue cometido por un experto en explosivos de ese grupo, identificado como José Aldemar Rojas, de 56 años y quien pereció en el atentado, según el ministro de Defensa Guillermo Botero.
Simultáneamente, la fiscalía reiteró las denuncias de que líderes del ELN se refugian en Venezuela, sumergida en una severa crisis económica y blanco de una fuerte presión encabezada por Estados Unidos que busca la salida de Nicolás Maduro del poder.
Sin embargo, el gobierno colombiano dijo no tener evidencia que involucre a funcionarios venezolanos en este hecho.
El influyente líder chavista Diosdado Cabello negó la implicación de Caracas y condenó el ataque. “Los lacayos del imperialismo señalan a Venezuela, no tenemos nada que ver en esa guerra”, afirmó.
Conocido en las filas del grupo guevarista como “Mocho Kiko”, por haber perdido la mano derecha en una detonación, Rojas era jefe de inteligencia de una estructura insurgente que opera en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Llevaba tres décadas en la organización.
¿Ataque suicida?
De nacionalidad colombiana, Rojas ingresó el jueves “de manera violenta” a la escuela a bordo de una camioneta cargada con 80 kilos de pentolita. El vehículo explotó frente a los dormitorios de mujeres de la principal escuela policial con él dentro.
“No existe hasta el momento (…) ningún elemento que nos permita concluir que esta persona se suicidó”, afirmó Botero.
Según el ministro, aunque “son muchas las hipótesis que se están barajando”, el plan original consistiría en activar los explosivos a distancia mediante “dispositivo electrónico”.
El estallido mató a 20 jóvenes entre 17 y 22 años. Entre los fallecidos hay una cadete ecuatoriana. También hubo 68 heridos, incluidos tres menores de edad. Nueve personas siguen hospitalizadas.
El ministro Botero aseguró que “Mocho Kiko” estuvo en Venezuela en 2011 enseñando manejo de explosivos a guerrilleros refugiados en ese país. Pero precisó que no tienen indicios de participación de funcionarios venezolanos en el atentado.
Este viernes la fiscalía anunció la captura en Bogotá de Ricardo Andrés Carvajal, quien “reconoció la autoría del atentado”.
El ataque, calificado por Duque de “demencial acto terrorista”, es el peor en Bogotá desde febrero de 2003, cuando las FARC detonaron un coche bomba en el club El Nogal. Treinta y seis personas murieron y decenas más sufrieron heridas.
“Declaración de guerra”
Con unos 1.800 combatientes y una extensa red de apoyo en ciudades, el ELN se alzó en armas en 1964 y es la última guerrilla reconocida en Colombia.
El mandatario había impuesto condiciones de diálogo que fueron rechazadas por la guerrilla: cese definitivo de “actividades criminales” como el secuestro y los ataques a la infraestructura petrolera.
Aun así, los rebeldes insistían a Duque en que retomara las conversaciones sin exigencias.
“El proceso estaba prácticamente acabado” y el ataque presuntamente perpetrado por el ELN “es una declaración de guerra”, afirmó Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación.
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