Aureoles dio estas declaraciones tras la muerte el domingo de Heriberto Reyes, de doce años, por el impacto de una esquirla de bala en el poblado de Ixtapilla donde un grupo de comuneros se manifestaba contra la presencia del Ejército de México y la Policía Federal.
Ello, tras la detención en el poblado de La Placita horas antes del líder de los autodefensas de la zona, el indígena Semeí Verdía.
“De entrada veo que el proyectil no corresponde a un calibre de las armas reglamentarias del Ejército, pero hay que esperar que la investigación concluya” , consideró Aureoles.
Por su parte, el comandante de la XII Región Militar y mando especial de Seguridad en Michoacán, Pedro Felipe Gurrola, aseguró el lunes que Ejército y Policía pudieron observar “hombres que portaban armas de fuego” entre los participantes en esta protesta, en la que se “colocaron al frente a mujeres y a niños”.
Según su versión, los civiles agredieron a las fuerzas de seguridad con palos, piedras y gases lacrimógenos y, tras ser disueltos, se agruparon “entre la maleza” y fue ahí donde se “escucharon detonaciones” .
En consecuencia, cinco personas resultaron heridas, entre ellos el menor fallecido, agregó.
Solo en este punto -que los lesionados se encontraban en un establecimiento cercano- coinciden las versiones de las Fuerzas Armadas y de los testimonios del lugar.
“No son enfrentamientos, son disparos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano hacia comuneros y comuneras, niñas y niños”, dijo hoy en entrevista con Radio Fórmula el líder de los autodefensas de esta región, Germán “El Toro” Ramírez, quien sustituyó a Verdía.
Según relató, mientras los padres se manifestaban el resto de la familia se encontraba en el susodicho hotel-restaurante.
Y cuando las fuerzas de seguridad disolvieron la barricada con gases lacrimógenos, también dispararon contra los civiles, relató Ramírez.
A este trágico suceso hay que sumarle la “probable participación” de militares en la desaparición de siete personas en el estado de Zacatecas, centro-norte del país, el pasado 7 de julio, como reconoció ayer la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) tras hallar “indicios” para implicar a sus efectivos en el suceso.
La institución informó que colaboraría con la Fiscalía y buscaría esclarecer los hechos, y reiteró que “de ninguna manera tolerará actos contrarios a las leyes” entre sus filas.
Hallan cadáveres
Según publicó el domingo el semanario Proceso, el jueves pasado fueron hallados cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición con un tiro en la nuca en el interior de un inmueble en construcción en la comunidad de Tesorera, en Jerez (Zacatecas).
El sábado la procuradora de ese estado, Leticia Soto Acosta, informó de que tras una inspección fueron identificadas de forma preliminar cuatro de los siete desaparecidos.
Ese mismo día, fueron encontrados otros tres cadáveres, uno de ellos el de una mujer, también con un disparo en la nuca, explicó Proceso, que no confirma si corresponden a las restantes personas desaparecidas.
Previo a este anuncio de la posible implicación del Ejército en este caso, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, salió el lunes en defensa de las Fuerzas Armadas, que definió como “el baluarte y fortaleza de las instituciones democráticas” por velar por la seguridad nacional.
En mayo último murieron 42 presuntos delincuentes en un enfrentamiento con el Ejército.
En junio perecieron otros 22.
El domingo último, un niño murió en una confusa balacera.
No obstante, estos dos hechos recientes se suman a sucesos anteriores que han causado el desgaste de la imagen pública del organismo.
En un operativo realizado en el municipio de Tlatlaya, en el central Estado de México, el 30 de junio de 2014, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento con el Ejército.
Aunque según un testimonio, un civil habría muerto en el enfrentamiento y los demás fueron asesinados a manos de los militares tras un interrogatorio.
Aunado a ello, el pasado mayo fallecieron en un enfrentamiento 42 presuntos miembros de un cártel de las drogas y un policía federal, y el saldo desigual despertó las suspicacia de la ciudadanía.
En respuesta, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, afirmó “categóricamente” que “no hubo una sola ejecución”.
