El presidente de EE. UU., Donald Trump, puso fin la semana pasada al programa Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, en inglés), programa que promovió Barack Obama en 2012 y que ha protegido de la deportación y otorgado permisos de trabajo a 800 mil jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país y a los que se conoce como “soñadores” o “dreamers”.
Hernández, como otros 201 mil “soñadores” que pueden extender el programa por otros dos años, según estimaciones del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) de EE. UU., apuran las gestiones y la recolección de dinero antes del 5 de octubre, cuando se vence el plazo.
Cuando la administración Trump anunció la semana pasada el fin del programa, dio la posibilidad de renovación para aquellos beneficiados a los que se les vence el permiso antes del 5 de marzo de 2018.
Los “soñadores” que residen lejos de las principales urbes son los que enfrentan más problemas para completar su renovación, señalan desde la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante (CHIRLA), con sede en Los Ángeles.
“Jóvenes que viajaron desde San Bernardino (a unas dos horas de Los Ángeles) estuvieron haciendo fila desde la 1 de la mañana para poder completar el trámite”, explicó Jorge Mario Cabrera, vocero de la organización CHIRLA, a cuya oficina llegaron ayer más de 150 jóvenes para realizar el trámite.
El apremio es grande y organizaciones comunitarias de asesoría legal como TODEC, que lleva más de 40 años de defensa de los inmigrantes en sectores agrícolas como el Valle de Coachella, darán servicios gratuitos los siete días de la semana hasta el 1 de octubre.
“Desde el anuncio no hemos parado de trabajar, la necesidad es mucha y estamos buscando a todos los que viven en estas comunidades para que vengan y no desaprovechen esta oportunidad”, señaló Luz Gallegos, directora del Programa Comunitario de esta organización.
Gallegos explica que para las familias campesinas con hijos amparados por DACA el mayor obstáculo son los recursos económicos.
“Las familias de estos sectores viven al día, pero algunos están dispuestos a dejar de pagar la renta, o de comer”, dijo visiblemente emocionada.
TODEC está usando su fondo de emergencia para ayudar a esta comunidad. No obstante, el dinero se está acabando y la parte mas grande de soñadores que debe inscribirse aún no ha llegado, por lo que han hecho un llamado para las donaciones particulares.
“La idea es que (los que van a renovar) envíen sus inscripciones antes del 1 de octubre porque queremos que para el 5 de octubre ya tengan la certificación que USCIS recibió el formulario”, precisó Gallegos.
Uno de cada cuatro beneficiados con DACA vive en California y las organizaciones locales tratan de cobijar a todos los jóvenes que califican para la renovación.
“Necesitamos hacer más llamados a quienes estén fuera de las ciudades grandes, los invitamos a que visiten sus consulados o llamen para ayudarles a buscar sitios confiables”, indicó por su parte Teresa Tejada, directora de la organización ASOSAL, que atiende a salvadoreños y centroamericanos.
En Texas, estado que ocupa el segundo lugar con más numero de “soñadores”, organizaciones como United We Dream trabajan para ubicar y ayudar a los “soñadores” que se han visto afectados por el huracán Harvey y los asisten para que envíen su solicitud a tiempo.
“Si todos se inscriben a tiempo, podremos pelear por aquellos que no obtuvieron esta extensión”, vaticinó Damaris Hernandez, activista en Texas.
