Las reacciones se han centrado en lamentar la renuncia de Jiménez y abogar porque no cese el trabajo de la institución en un país donde se le atribuye a la corrupción gran parte de la pobreza que afecta a más del 60 por ciento de los 8.7 millones de habitantes que tiene Honduras.
Las diferencias internas se remontan a mayo de 2017, cuando se dio una agria situación con Jacobo Domínguez, coordinador de la División Político Electoral de la Misión, quien luego fue separado del grupo. Entonces trascendió que Domínguez al parecer pretendía desplazar a Jiménez.
Almagro reaccionó diciendo en la red social Twitter que “frente a dudas generadas: corregiremos errores al tiempo que reitero mi compromiso de imparcialidad en el trabajo de la OEA_MACCIH”.
En su carta explicando las razones de su renuncia, Jiménez señaló, entre otras cosas, que “de 33 expertos internacionales que trabajan para la Misión, 25 de ellos lo hacen en Tegucigalpa y presuntamente ocho de ellos trabajan en la sede de Washington (es decir, casi 25 por ciento del total)”.
Entre ese personal en Washington figura Domínguez, de quien Jiménez dijo que su salida de la MACCIH la solicitó “la ciudadanía” y a quien la secretaría general le acaba de “renovar un contrato por 10 mil dólares mensuales” desde julio de 2017, “sin que sepamos las funciones que realiza para la Misión desde la sede de la OEA”.
Jiménez, expresó que “siempre” se opuso al contrato de Domínguez; además, considera que Honduras necesita mucha cooperación y que los fondos de los donantes para que opere la Misión se utilicen en el terreno y para las funciones que ocupa el combate a la corrupción.
Jiménez también denunció en su carta de renuncia que “el Estado de Honduras no ha querido aprobar leyes importantes propuestas por la MACCIH, como la Ley de Colaboración Eficaz, que cumplió en diciembre último un año desde su entrega”.
El titular de la OEA respondió el viernes a las denuncias de “falta de apoyo” formuladas por Jiménez, prometiendo que la MACCIH no solo seguirá tras la renuncia de su exjefe, sino que su salida debe dar paso a una “mayor eficiencia” y “resultados más profundos”.
En una carta oficial, Almagro aceptó la dimisión de Jiménez en términos muy críticos con su gestión, incluso le acusó de mentir a la hora de exponer las razones de su partida.
Además, anunció que “la fiscal internacional Ana María Calderón Boy dirigirá la transición” hasta que se designe al nuevo jefe de la MACCIH, ente que nació de un acuerdo suscrito entre el Gobierno de Honduras y la OEA.
En Tegucigalpa no han faltado sectores, principalmente de la oposición política, que acusen al Gobierno de haber propiciado la salida de Jiménez, aunque el presidente Hernández reiteró el viernes que lamentaba ese hecho y reiteró que su administración seguirá luchando contra la corrupción y la impunidad.
Hernández habló sobre el tema de la renuncia de Jiménez con representantes de la comunidad internacional acreditada en Tegucigalpa, entre los que figuran países cooperantes de la MACCIH.
El gobernante y los países cooperantes “reafirmaron la vigencia del convenio OEA-MACCIH y expresaron su compromiso para seguir por la ruta de la lucha anticorrupción y de fortalecimiento institucional”, indicó la Presidencia de Honduras en un comunicado.
La renuncia de Jiménez como jefe de la MACCIH se produce en medio del ambiente de tensión postelectoral que vive Honduras derivado de las denuncias de fraude en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, expresadas por el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla.
No han faltado opiniones en el sentido de que lo que ha ocurrido con Jiménez confirma que en Honduras es irrepetible, en las actuales condiciones, replicar el modelo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que depende de las Naciones Unidas.
