Tres días después de que Sepúlveda le envió un mensaje de texto a su padre diciéndole que había logrado cruzar la frontera, el grupo se detuvo a tomar agua en un pequeño estanque al lado de una carretera rural. Casi al atardecer, pasaron dos hombres en una camioneta y los migrantes se refugiaron en la maleza. La camioneta frenó de pronto, retrocedió y se volvió a detener.
Uno de los hombres salió con un arma y abrió fuego, lo que provocó la muerte a Sepúlveda, además de herir a una joven mexicana, e hizo que la región de la frontera sur en los alrededores de Sierra Blanca se convirtiera en otro punto central del debate nacional cada vez más controvertido sobre la inmigración.
Lo que agravó la situación fue que los hombres acusados del tiroteo eran personas conocidas en la localidad: Michael Sheppard, el carcelero de una prisión privada del pueblo con muchos problemas que trabaja muy de cerca con el alguacil, y su hermano Mark Sheppard, empleado de la prisión del condado a cargo del alguacil.
Este tiroteo contra migrantes del 27 de septiembre causó mucha indignación, planteó preguntas sobre el Estado de derecho en este altiplano salpicado de cactus del oeste de Texas y el verdadero impacto de una terrible división política respecto a cómo gestionar una cifra histórica de cruces ilegales en la frontera sur.
Durante el reciente debate en la contienda para gobernador, el candidato demócrata Beto O’Rourke mencionó que la matanza podría ser consecuencia del “discurso de odio” del gobernador Greg Abbott sobre la migración. En una conferencia de prensa de la semana pasada, Abbott calificó el tiroteo de “horroroso” y “totalmente incorrecto”, pero culpó al presidente Joe Biden del repunte de las llegadas y de la necesidad que tenía Texas de desplegar soldados de la Guardia Nacional en la frontera y enviar en autobús a miles de migrantes hacia las ciudades del norte.
Días después de la matanza, los números amarillos de plástico que se usan para señalar las evidencias seguían sobre la polvareda cercana al estanque artificial donde, según les dijo Mark Sheppard a los investigadores, él y su hermano confundieron con animales a las personas escondidas entre la maleza antes de abrir fuego.
“En este momento, no sé ni qué pensar. Son buenas personas. Pasan mucho tiempo al aire libre. A Mike le encanta la cacería”, señaló Arvin West, el alguacil del condado de Hudspeth, en una entrevista realizada en su oficina, donde tiene puesto un retrato autografiado del expresidente Donald Trump.
“Nunca he ido de cacería con ellos. Yo no cazo animales, cazo hombres”, así se refirió West con una sonrisa a la índole de su trabajo en las fuerzas policiales.
Los hermanos Sheppard, ambos de 60 años, fueron puestos bajo custodia a fines del mes pasado acusados de homicidio involuntario. Los Rangers de Texas, junto con los agentes del FBI, están investigando la matanza.
En las entrevistas con los investigadores, Mark Sheppard señaló que él y su hermano habían salido con la idea de dispararles a animales y creyeron que habían detectado algunos pecaríes, parecidos a los jabalíes salvajes. Según las declaraciones juradas, Michael Sheppard hizo dos disparos con una escopeta.
De acuerdo con la declaración jurada, Mark Sheppard les dijo a los investigadores que recordaba haberle preguntado a su hermano: “¿Le diste a alguien?”, para luego corregirse: “¿a algo?”. También dijeron que no fueron a ver si en realidad le habían dado a un objetivo.
Pero los migrantes les dijeron a los investigadores que estos dos hombres se habían burlado de ellos en español cuando estaban escondidos. Mencionaron que, con lenguaje obsceno, les gritaron que salieran y estos abrieron fuego cuando lo hicieron.
Sepúlveda recibió un tiro en la cabeza que lo mató en el acto. A Brenda Berenice Casias Carrillo, de 31 años, le dieron un disparo en el estómago y, aunque quedó herida de gravedad, se esperaba que sobreviviera.
Durante varios días, los familiares de ambos migrantes han estado en una vigilia en la frontera de Ciudad Juárez para solicitar un recuento total de lo ocurrido.
El tiroteo dejó pasmados a los residentes de Sierra Blanca y volvió a atraer la atención hacia el Centro de Detención del Oeste de Texas, un centro que es propiedad del condado, pero que es administrado por una empresa privada, LaSalle Corrections, donde Michael Sheppard trabajaba como carcelero. Un portavoz de la empresa, la cual gestiona más de una docena de centros de detención en los estados de Texas, Luisiana y Georgia, señaló que, tras su arresto, Sheppard había sido despedido.
Este centro ha tenido fama entre algunas personas dentro de la empresa de ser un lugar difícil para trabajar debido, en parte, a que tiene problemas para suministrar suficiente agua a sus cientos de internos. “Es un agujero infernal”, comentó Gregory Johnson, un antiguo carcelero adjunto en otra prisión de LaSalle en Texas, al describir el Centro de Detención del Oeste de Texas.
Durante el tiempo que Sheppard fue carcelero ahí, este centro tenía un contrato con el gobierno federal para alojar a cientos de detenidos de la agencia federal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
Según un informe de investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas A&M, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y de Raíces, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios jurídicos para los inmigrantes, en 2018, algunos de estos detenidos denunciaron ser objeto de maltratos, como agresiones e insultos raciales. Los detenidos, en su mayoría hombres procedentes de Somalia en proceso de ser deportados, les dijeron a los investigadores que los miembros del personal, entre ellos el carcelero, los habían maltratado. Uno de los detenidos acusó al carcelero, que en ese momento era Sheppard, de que lo había golpeado y pateado; otro mencionó que había recurrido a insultos raciales.
En una investigación posterior de la Oficina del Inspector General hecha para el Departamento de Seguridad Nacional, una dependencia federal, no se logró corroborar las acusaciones de los detenidos.
“Creo que siempre existe un sesgo de credibilidad cuando se trata de las fuerzas del orden”, comentó Fatma E. Marouf, una de las autoras del informe y profesora de Derecho en la Universidad de Texas A&M. “Uno de los motivos por los que presentamos el informe es que no fue una sola persona la que se quejó. Fueron decenas de personas”.
Según los registros de inspección, para 2021 este centro de detención ya no alojaba migrantes de las agencias federales. El portavoz de la empresa, Scott Sutterfield, mencionó que en la actualidad el centro de detención no tenía detenidos del ICE. Sutterfield no habló sobre las acusaciones de 2018 acerca de los maltratos en la cárcel, ni tampoco mencionó si se habían tomado medidas contra Sheppard como resultado de estas denuncias.
Los funcionarios del condado señalaron que habían dado por terminado el contrato con el ICE debido a las dificultades relacionadas con el agua, cosa que se originó por un problema que surgió con el suministro adecuado desde un pueblo cercano. Según los registros del condado, en este centro todavía hay internos del Servicio de Alguaciles de EE. UU.
La noche de la matanza, Michael y Mark Sheppard asistieron a una reunión de la junta local para asuntos relacionados con el agua. Llegaron a las 19.30 horas, media hora después del tiroteo. Ahí también estaba West.
“Los vi esa misma noche en la junta para los asuntos del agua, nada fuera de lo habitual”, afirmó el alguacil. “Estábamos por terminar la reunión cuando llegó la llamada”, añadió, refiriéndose a la llamada del 911 acerca de la matanza. “Y yo no vi que cambiaran su comportamiento”.
La noticia de la matanza se difundió con rapidez por Sierra Blanca, una parada técnica de los camioneros que transitan por la carretera interestatal número 10. Tres cuartas partes de la población del extenso condado a su alrededor, unas tres mil 200 personas, son latinas. Algunas personas del pueblo manifestaron asombro y afirmaron que estos hermanos nunca habían expresado ningún tipo de animadversión racial.
“Yo tengo ascendencia mexicana e indígena estadounidense, pero Mike nunca se portó mal conmigo”, comentó Paula Barrios, de 39 años, quien vivía cerca de los hermanos. “Cuando llegas a conocerlos, son buenos sujetos”.
Otras personas recordaron algunas interacciones que al parecer cobraban un nuevo significado en el contexto de los arrestos.
“Estábamos hablando en español y Mark decía: “No hablen español en mi presencia”, comentó Bill Addington, de 65 años, un antiguo residente que trabajaba de voluntario en un banco de alimentos de la localidad donde Shepard supervisaba los trabajos forzados de los internos del condado que iban vestidos con uniforme de rayas. Los camareros del pueblo también recordaron que Sheppard se oponía a que hablaran español en su presencia cuando estaba comiendo.
Michael y Mark Sheppard fueron transferidos de la prisión del condado de El Paso, donde los llevaron el mes pasado, a una cárcel en el condado de Hudspeth, y la semana pasada fueron liberados después de que cada uno pagó una fianza de US$250 mil, de acuerdo con Lasaro Salgado, subjefe de alguaciles en el condado de Hudspeth, quien tampoco respondió a la solicitud de hacer comentarios.
Según Salgado, al día siguiente los volvieron a arrestar después de que los Rangers de Texas emitieron una orden judicial de otros cargos relacionados con el tiroteo: agresión agravada con un arma letal. Hasta el martes, ambos hombres volvieron a estar bajo custodia, esta vez en la cárcel del condado de Hudspeth, más cerca de su casa. El subjefe señaló que Mark Sheppard ya no tenía ningún empleo ahí.
