La abogada Azáhalea Solís y el estudiante Max Jerez, delgados opositores en la mesa de diálogo figuran en una lista preliminar de detenidos que divulgó previamente en Twitter la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
“Esta es la lista preliminar de personas detenidas ilegalmente. ¡Libres los queremos!”, tuiteó la ACJD.
La policía informo que “se vio en la obligación de capturar a 107 personas”, tras desautorizar el viernes la marcha convocada por la oposición en reclamo de la liberación de todos los presos por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega el año pasado.
Entre los detenidos también figuran la líder del disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, centroizquierda), Ana Margarita Vigil, la exguerrillera Mónica Baltodano y el exministro de Educación Humberto Belli.
Los arrestos se produjeron en diferentes puntos de la capital antes de que iniciara la marcha, que no se realizó, en la que la policía también atacó a varios periodistas, entre ellos de la AFP.
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“Preocupante”
“Es condenable y preocupante la forma bárbara en que las autoridades actuaron”, denunció Pablo Cuevas, asesor legal de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en rueda de prensa.
Desde horas de la mañana, cientos de policías antimotines fueron desplegados en Managua, principalmente en la zona sur, para evitar que la ciudadanía asistiera a la protesta convocada por la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
La policía disipó con violencia a todos los manifestantes que se encontraban en la calle, entre ellos varios periodistas y opositores que estaban en una estación de gasolina, de donde fueron perseguidos hasta las oficinas de un banco, al sur de la capital, donde luego fueron atacados.
“Están atacando el edificio con gases lacrimógenos y tirando balas”, dijo el video-reportero de AFP, Luis Sequeira, quien se encontraba en el lugar.
El incidente, que no dejó heridos, ocurrió en la sede del Banco La Fise de Managua, donde los antimotines abrieron la puerta principal del parqueo para disparar y luego se retiraron, lo que permitió a los periodistas huir por una puerta trasera del edificio, relató el fotógrafo de AFP Maynor Valenzuela.
Una hora antes del ataque, Sequeira fue agredido en otro punto por policías que le quitaron su equipo de trabajo e intentaron detenerlo.
“Estaba filmando cuando detenían a una mujer cuando de repente llegó la policía, golpeó la cámara, me robó el equipo y me golpeó”, contó Sequeira.
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Diálogo en peligro
La represión ocurrió en medio del diálogo iniciado el 27 de febrero entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición para buscar una salida a la crisis que vive el país desde las protestas iniciadas en abril, que dejaron al menos 325 muertos y casi 680 detenido, de los cuales unos 150 fueron pasados a arresto domiciliario.
“Que sepa el gobierno de Ortega que con estas acciones esta poniendo en peligro la totalidad del proceso de negociación que él mismo convocó”, advirtió el jefe de la delegación opositora en la mesa de diálogo, Carlos Tünnermann, en declaraciones a la prensa.
“La represión sólo demuestra (..) la absoluta falta de interés del régimen en un diálogo serio”, consideró, por su lado el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, premio Cervantes 2017.
La represión causó la condena inmediata de la comunidad internacional, en momentos en que Europa analiza aplicar sanciones contra el gobierno de Ortega y la OEA sopesa implementar la Carta Democrática, algo que podría provocar la expulsión del país del organismo.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó en Twitter que es “inaceptable (la) represión de la policía contra ciudadanos que intentan protestar pacíficamente en Managua y otros lugares del país” y urgió “al gobierno poner fin de inmediato a la represión”.
La represión “debe cesar de inmediato”, exigió en tanto el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en Twitter.
“La comunidad internacional rechaza la acción de la policía de Nicaragua este sábado”, secundó Antonia Urrejola, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su lado, Costa Rica, donde se han refugiado miles de opositores nicaragüenses, reprochó en un comunicado “la escalada de represión y uso arbitrario de la fuerza por parte de las autoridades” de Nicaragua contra los manifestantes.
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