Como jefe de la Guardia Nacional y ministro de Defensa, “conocía de estos abusos durante o después de los hechos, y a través de tanto su interferencia personal con las investigaciones como su inacción, no llevó a los perpetradores a la justicia”, según el dictamen de 22 páginas de la BIA.
De esta manera, la Junta de Apelaciones del Departamento de Justicia, el máximo órgano administrativo en materia de inmigración, ratifica la decisión de un juez migratorio que ordenó en 2012 la deportación de Vides Casanova.
El exgeneral, de 78 años, apeló el fallo argumentando que “no podía impedir que sus subordinados cometieran torturas y asesinatos extrajudiciales” cuando era jefe de la Guardia Nacional.
Pero la Junta de Apelaciones se mostró de acuerdo con el dictamen del juez y “desechó” la apelación.
Vides Casanova ocupó la jefatura de la Guardia Nacional salvadoreña desde 1979, y fue promovido ministro de Defensa en 1983, ocupando ambas dos posiciones en lo álgido del sangriento conflicto armado (1980-1992) que dejó en El Salvador 75 mil muertos y al menos siete mil desaparecidos.
En una América Central sumida en guerras civiles en plena Guerra Fría, Estados Unidos veía el conflicto salvadoreño como una lucha contra la influencia comunista, y dio asistencia militar y financiera a la dictadura del presidente José Napoleón Duarte.
En 1992 el gobierno y la oposición del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que se había levantado en armas contra el régimen militar, firmaron la paz.
Aunque Vides Casanova vivía desde 1989 en Estados Unidos con una “visa de inmigrante”, en 2009 el Departamento de Seguridad Interior inició un proceso de deportación en su contra tomando los casos de Pedro Alvarado y Juan Romagoza, dos víctimas de torturas salvadoreñas.
El exmilitar vivía en el estado de Florida, donde también tenía residencia José Guillermo García, otro exministro de Defensa salvadoreño acusado en su país de participar en violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil.
A García, de 79 años, se le acusa de haber mantenido una conducta permisiva, sin castigar ni despedir a militares que bajo su comandancia participaron en secuestros, masacres y asesinatos extrajudiciales, e igualmente enfrenta un juicio para ser deportado a El Salvador.
Pero Vides Casanova y García no son los únicos exintegrantes del gobierno dictatorial salvadoreño imputados en Estados Unidos.
