Según los demandantes, las propiedades inmobiliarias que tiene Trump han creado “incontables conflictos de intereses” y “una influencia sin precedentes por parte de Gobiernos extranjeros” , lo que representa una “grave amenaza” a Estados Unidos.
El planteamiento legal acusa a Trump de violar una cláusula constitucional que prohíbe a los funcionarios públicos cobrar algún emolumento de parte de gobiernos extranjeros, y pide al juez que deje establecidos esos puntos mediante una sentencia.
La abogada de Trump, Sheri Dillon, anunció hace dos semanas que Trump donaría el dinero recibido de gobiernos extranjeros al Tesoro estadounidense.
“Estoy inmensamente orgulloso de estar presentando esta demanda para impedir que el presidente Trump ponga su continua búsqueda de riqueza, y su voluntad de servir intereses extranjeros que alimentan esa riqueza, por delante de los intereses y las necesidades de los ciudadanos estadounidenses y organizaciones de vigilancia como CREW”, dijo uno de los autores de la demanda, el profesor de Derecho Constitucional de la escuela de Derecho de Harvard Laurence Tribe.
Tribe afirmó que la demanda buscará asimismo que Trump divulgue sus declaraciones de impuestos, que “un 75% de los estadounidenses quieren ver” .
Para otro de los autores, Erwin Chemerinsky, decano de la escuela de Derecho de la Universidad de California, la demanda apunta a “reafirmar que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la Constitución” .
Pero John Coffee, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia, asegura que la demanda no tendrá andamiento sin demostrar que hay perjuicio o sufrimiento.
“No estoy diciendo que sea un gesto político, pero otros quizás lo interpreten así”, dijo Coffee
Trump y su equipo han venido insistiendo en que el presidente ha cedido la gestión de sus negocios a sus hijos, no la propiedad, y sostienen que el gobernante no está obligado por ley a desprenderse de sus propiedades, algo que sí afecta a su gabinete.
Entre las remuneraciones especiales que, según los demandantes, se verían amparadas en el litigio se encuentran los ingresos por el alquiler de espacios en la Torre Trump a un banco oficial de China y a la oficina de turismo de Abu Dhabi.
También por los pagos que hacen funcionarios extranjeros por un hotel en Washington recientemente inaugurado, cercano a la Casa Blanca, y hasta por las regalías de cadenas públicas que emiten un programa de televisión producido por la Organización Trump.
