“En Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad en el marco de un terrorismo de Estado y de un Estado Policial de Excepción”, señaló el denominado “Informe de la Verdad ‘Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad'”.
Se trata de un estudio de cada una de las “etapas del accionar estatal”, que iniciaron en abril de 2018, “desde la represión generalizada a la manifestación ciudadana, la imposición de un Estado de Terror y la ‘Operación Limpieza'”, en la que murieron cientos de personas.
También citó “la criminalización de la protesta social, las detenciones arbitrarias, los presos políticos, la prohibición de la protesta social, el camino hacia un Estado de Excepción, los secuestros exprés, las torturas y las evidencias de cárceles clandestinas”.
Además, “el encarcelamiento y criminalización de opositores electorales”, estos últimos de cara a los comicios del pasado día 7, en los que Ortega fue reelegido en medio de cuestionamientos a su legitimidad, debido al arresto de siete políticos que se perfilaban como sus principales contendientes.
El informe detalló que en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2018 murieron 355 personas, incluyendo 27 niños y adolescentes, 2.000 resultaron heridas, más de 1.614 fueron encarceladas, “cientos” de profesionales de la salud, del magisterio y estudiantes, fueron “despedidos” o “expulsados”, y más de cien mil personas huyeron de Nicaragua, entre estas casi un centenar de periodistas.
Cierre de espacios
La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, dijo durante la presentación telemática del informe que el documento está “en consonancia” con “todos los informes que ha hecho la Comisión”.
Urrejola agregó que en 2018 “el Estado de Nicaragua realizó conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deberían ser considerados crímenes de lesa humanidad”, y sostuvo que “ahora lamentablemente se ha intensificado el cierre de los espacios democráticos, que busca impedir cualquier forma de manifestación contra el Gobierno”.
Además hizo un llamado “al cese de tortura y aislamiento contra las mujeres presas en la cárcel de ‘El Chipote’, y especialmente para la inmediata liberación de las 160 personas presas políticas”.
El informe, presentado por las oenegés Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), Acción Penal, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, entre otros, lamentó la falta de justicia en el caso del país centroamericano.
“El mundo entero conoce las atrocidades que hoy en día siguen sucediendo bajo el régimen del presidente Ortega. Sin embargo, a más de tres años de iniciada esta crisis y en un contexto de corrupción, fraude electoral e impunidad estructural, no se ha logrado avanzar en procesos de memoria, verdad, justicia, reparación y retorno a la democracia”, indicaron.
En ese sentido, propusieron a la ONU la instalación de una “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Nicaragua”.
En el estudio también participaron el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Grupo de Excarcelados Políticos, Presos Políticos Nicaragua, Iniciativa Nicaragüense Defensoras, Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragüenses en el Mundo, Periodistas y Comunicadores de Nicaragua, Popol Na, Unidad de Defensa Jurídica, Unidad de Registro, y la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua.
