“Iniciamos la sistematización de las personas inocentes que el Estado capturó, metió en prisión, mató y enterró en fosas comunes sin dar aviso a familiares. Ninguno está perfilado como pandillero, todos sin haber sido vencidos en juicio”, ha denunciado SJH en un comunicado en Twitter.
Una abogada de SJH, Ingrid Escobar, considera que el Estado está obligado a reparar el daño causado a las familias y para ello debe someter a la justicia a los que teniendo la responsabilidad de informar a la familia, no lo hicieron.
“En principio el Estado debe reconocer el error y la cadena de responsables para individualizar, si hubo negligencia estatal en la atención de las enfermedades crónicas de estas personas o si hubo torturas por parte de otros internos, cuestión que no se ha hecho”, ha apuntado el declaraciones al portal elsalvador.com.
Escobar ha instado así a las autoridades a iniciar acciones de reparación y no repetición a través de acciones como una disculpa pública y una indemnización por daños y perjuicios.
“Estas personas no solo fueron acusadas de terroristas, no se les respetó la presunción de inocencia, sino que además, no se les permitió el derecho a defensa”, ha añadido.
Por ello es obligación del Estado pagar los gastos en que las familias incurren para lograr la exhumación y los gastos fúnebres, así como, brindar ayuda psicológica y médica al círculo familiar más cercano de las víctimas.
En el caso de las familias que siguieron llevando paquetes a centros penales durante meses porque no se les informó de que su familiar había fallecido, el Estado debe devolver el coste y todos los gastos que incurrieron.
Además, otro abogado de SJH, Ramón Rosales, ha emplazado a las familias a presentar demandas conjuntas ante la Corte Suprema de Justicia y elaborar informe y remitirlo al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Cuatro casos
Entre los fallecidos está Henry Eleazar Joya Jovel, de 45 años, quien murió el 8 de mayo de 2022 y fue enterrado en una fosa común en el cementerio La Bermeja de San Salvador, pero con el nombre de Enri Cuéllar Jovel. Sus familiares no se enteraron de su muerte hasta el 19 de septiembre, cuando su hermano debido a que no le daban información de él, decidió ir a Medicina Legal.
El nombre de Henry no aparecía en la lista de personas enterradas en una fosa común, pero cuando el hermano pidió que le mostraran las fotografías de los cadáveres sepultados, reconoció a Henry.
La familia explica que Henry fue capturado el 21 de abril en la colonia Luz, en San Salvador, bajo el régimen de excepción por el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, pertenecer a pandillas. Pero Jesús Joya, hermano de la víctima, asegura que su hermano no era miembro de las pandillas.
El segundo caso es el de Rafael López Castellón, de 53 años, quien murió el 1 de junio de 2022, pero su familia se enteró de su muerte dos meses después, cuando un familiar fue a solicitar la solvencia de antecedentes penales.
López era molinero y fue capturado el 8 de abril de 2022 bajo el régimen de excepción acusado de agrupaciones ilícitas, según relató la familia a ‘La Prensa Gráfica’. “Él convulsionaba y a lo mejor estando en el penal se puso mal o lo habrán maltratado. Uno no sabe”, ha relatado German López, otro de los hermanos de Rafael.
López permaneció recluido en el penal de Mariona hasta el 17 de mayo de 2022 cuando fue ingresado en el hospital Zacamil donde murió y luego fue enterrado en una fosa común del cementerio La Bermeja sin avisar a su familia.
El tercer caso es el de Rosa Avilés, de 76 años, quien murió el 29 de noviembre de 2022, pero su familia supo de su fallecimiento hasta tres meses después, cuando fueron a dejarle un paquete a la prisión de Apanteos y les informaron que ella había sido enterrada en una fosa común. Avilés fue capturada el 30 de abril de 2022 y aunque sus familiares le llevaban paquete mes a mes, no les informaron de que estaba enferma.
El cuarto y último caso es el de Marvin Antonio Benítez, de 23 años, quien murió el 1 de junio de 2022 y fue enterrado en una fosa común en el cementerio La Bermeja, pero su familia no supo de su muerte hasta seis meses después.
Benítez había sido detenido bajo el régimen de excepción el 1 de abril de 2022 y estaba recluido en la cárcel de Mariona. Sus restos fueron exhumados el 23 de febrero de 2023.
