Reportó el ataque a la Policía, que inicialmente la apoyó, dijo. Pero luego cerró su caso después de que ella se negó a someterse a una “inspección digital completa”: la política de Gran Bretaña de exigir que las víctimas de delitos sexuales den a la Policía acceso completo a los datos de su teléfono, cuentas de redes sociales, historiales escolares e incluso los apuntes de sus terapeutas.
“Siempre supuse, antes de que todo eso me pasara, que la agresión sería la cosa más traumática que pudiera suceder”, indicó Brooke, actriz radicada en Londres. Pero dijo que la experiencia de reportar el delito a la Policía le pareció peor.
Menos del 2 por ciento de los casos de violación reportados a la Policía en Gran Bretaña es procesado. Y la inspección digital completa es sólo una de las muchas políticas que un reciente reporte gubernamental criticó por contribuir a los fracasos catastróficos del sistema de justicia en materia de violación y agresión sexual.
La experiencia de Brooke es un microcosmo de las formas en que los esfuerzos para abordar esos fallos, aunque impulsados por la demanda pública de cambio en la era post #MeToo, están condenados al fracaso a menos de que tomen en cuenta las condiciones sociales e institucionales que los crearon.
En mayo, el organismo de fiscales del Gobierno anunció que las víctimas de delitos sexuales ya no serían sujetas a la inspección digital completa.
Tras el fallo, Brooke pidió que se reabriera su caso, pero le dijeron que aún tenía que entregar sus datos.
Kate Ellis, abogada en el Centro para la Justicia de las Mujeres, una organización benéfica legal de Londres, ha representado a Brooke en su lucha por cambiar las reglas. Pero dijo que también simpatiza con el dilema en que se encuentran los oficiales de Policía.
Afirmó que los oficiales de Policía y los fiscales sufren pocas consecuencias cuando cierran un caso por falta de evidencia, o porque las víctimas dejan de cooperar. Pero si presentan un caso que se desmorona o fracasa, pueden enfrentar serias reacciones en su contra.
La Fiscalía de la Corona ha negado que sea adversa a los riesgos al decidir cuáles casos procesar. Durante su testimonio parlamentario en junio, Max Hill, director del Ministerio Público, pareció echar la culpa a la Policía, al decir que sus fiscales estaban dispuestos a entablar cualquier proceso donde los requisitos legales se cumplieran.
Pero los policías a menudo exigen evidencia digital extensa porque creen que los fiscales no procederán sin ella. En Gran Bretaña, los oficiales de Policía y los fiscales deben revelar cualquier evidencia que pudiera ser relevante a la defensa.
También está el problema cultural más amplio. Es común que los abogados defensores en los casos de agresión sexual ataquen la credibilidad de las víctimas. Igual de comunes son los esfuerzos de apelar a las creencias de los miembros del jurado en los “mitos de la violación”: creencias sexistas sobre la agresión sexual, como que las mujeres comúnmente hacen falsos alegatos de violación.
Con la publicación de su estudio sobre la violación, que se enfocó en Inglaterra y Gales, el Gobierno británico ha prometido más recursos para la Policía y los fiscales, y más capacitación, con el objetivo de aumentar el ritmo de los juicios.
El estudio escocés sobre la violación, realizado por una comisión independiente dirigida por Leeona Dorrian, la segunda juez de mayor rango, recomendó que Escocia ponga a prueba eliminar los jurados en los casos de violación para evitar que los prejuicios afecten los procesos.
