El titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti expresó en tanto su “beneplácito” al señalar que los designados Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrant “son juristas de mucho prestigio” pero evitó referirse al procedimiento elegido.
“Nosotros como Corte Suprema no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es una cuestión que corresponde al presidente. No podemos opinar”, dijo a periodistas.
Macri invocó un artículo de la constitución que lo faculta a “llenar vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso (que concluirá el 1 de marzo) por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.
Rosatti y Rosenkrant podrán permanecer en el máximo tribunal hasta el 30 de noviembre del 2016. Macri los designó para cubrir las vacantes de Carlos Fayt, quien se jubiló la semana pasada, y Raúl Zaffaroni, que renunció a fines del 2014.
Julio Cobos, senador de la Unión Cívica Radical (UCR) que integra Cambiemos, dijo a Radio Vórterix que no entiende por qué Macri usó un decreto y no hizo la propuesta al Senado y convocó a sesiones extraordinarias “si es que hay celeridad”.
Para argumentar la necesidad de designar a los magistrados sin la aprobación del Senado, donde el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios, el decreto sostiene que resulta “imperioso proceder a la cobertura inmediata de las vacantes” para garantizar el funcionamiento del tribunal.
Analistas señalaron que la medida obedecería a que Macri tiene previsto comenzar a dictar decretos de necesidad y urgencia en materia económica y de seguridad en el periodo de receso parlamentario que posiblemente serán cuestionados ante la justicia y podrían llegar al alto tribunal, donde apuesta a tener a estos integrantes.
Según el exdiputado radical y exjuez Ricardo Gil Lavedra la medida es “un precedente funesto” más allá de los “buenos antecedentes” de los designados. “(Macri) acaba de nombrar a dos jueces provisorios que no son independientes porque están a tiro por decreto”.
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay dijo que los antecedentes de ambos abogados “son inmejorables” pero calificó el procedimiento de su designación de “una inconstitucionalidad manifiesta”.
Sabsay dijo que cuando el artículo invocado habla de la facultad del presidente de hacer nombramientos durante el receso del Senado “se refiere a aquellos funcionarios que están dentro del Ejecutivo”.
“Me refiero a embajadores, ministros plenipotenciarios y altos oficiales de las fuerzas armadas. Nunca jamás la cabeza de otro poder, ni siquiera jueces”, dijo.
La diputada centroizquierdista Margarita Stolbizer afirmó que la medida implica “un terrible retroceso” y señaló que la expresidenta Cristina Fernández, antecesora de Macri, no “se animó a tanto” durante su gestión (2007-2015) .
Héctor Recalde, jefe de bloque de Diputados del opositor y peronista Frente para la Victoria, con el que gobernó Fernández, instó al presidente a “dar marcha atrás”.
Macri invocó un artículo de la Constitución que lo faculta a “llenar vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso (que concluirá el 1 de marzo) por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.
Pero Ernesto Sanz, ex titular de la UCR y uno de los referentes de Cambiemos, disintió con las críticas al señalar que Macri hizo un uso de un “atributo de la gobernabilidad legal, legítimo y constitucional”.
Sanz reconoció que “no hay antecedentes” de nombramientos de jueces en comisión para la Corte Suprema pero indicó que el presidente tuvo “un argumento político” para hacerlo antes de que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso ya que “hay que construir consensos parlamentarios que todavía no están construidos” debido a que hace pocos días “que hay un nuevo gobierno en la Argentina y una nueva composición de la cámaras”.
Políticos radicales dudaron que los pliegos de Rosatti y Rosenkrant se aprueben sin inconvenientes si Macri persiste en su idea iniciar el periodo ordinario de sesiones legislativas el 1 de marzo.
“Puede que se logre un consenso si se apela al estudio exclusivo de antecedentes, pero también puede que sean rechazados. En ese caso deberían cesar en su cargo”, dijo Cobos.
