“He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias” anticipadas, dijo Vizcarra en un mensaje al país por televisión, al agudizarse un choque de poderes iniciado hace tres años y cerrarse las vías de entendimiento entre el ejecutivo y legislativo.
“Es claro que la obstrucción y blindaje (del Congreso) no cesan y no habrá acuerdo posible”, sostuvo el mandatario, mientras centenares de manifestantes congregados afuera del parlamento celebraban su decisión.
“Ante negación fáctica de confianza decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la república”, añadió, horas después de que los jefes parlamentarios rechazaran suspender la cuestionada designación de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
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Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al anunciar que lo disolvería si este 30 de septiembre le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados, con lo que busca impedir que ese alto tribunal sea copado por la oposición.
Pero el Congreso, controlado por la oposición fujimorista, decidió este lunes pasar por alto su petición e iniciar de inmediato el nombramiento de nuevos magistrados.
Durante una sesión plagada de incidentes, el Congreso eligió a uno de los magistrados en medio de protestas que obligaron a postergar hasta el martes las cinco votaciones pendientes.
“Golpe de Estado”
Luego del anuncio presidencial, diputados han respondido con una convocatoria al proceso para destituir al gobernante por “permanente incapacidad moral”.
Jorge del Castillo, legislador del partido Aprista, del expresidente Alan García, afirmó que “este es un golpe de Estado, es un daño enorme que le hace Vizcarra al Perú”.
“La gente que ha complotado para cerrar el Congreso será la primera que le quite el cuerpo (a Vizcarra) cuando tenga que afrontar un juicio penal por el delito de haber cerrado el Congreso, por conspiración”, agregó.
Del Castillo invocó a sus colegas legisladores a “que nos quedemos en este Congreso” y pidió a las Fuerzas Armadas “que no se preste en absoluto a este divorcio”.
“El pueblo nos puso aquí y solo él nos puede sacar con los votos”, expresó el parlamentario.
Tras el anuncio del jefe de Estado, un grupo de legisladores de la alianza opositora Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, presentó una moción para declarar la destitución de Vizcarra por permanente incapacidad moral.
El legislador Juan Sheput declaró a RPP Noticias que “indiscutiblemente el presidente y todos sus ministros han incurrido en una gravísima infracción constitucional”, al haber anunciado la disolución del Parlamento.
“A pesar de otorgarle la confianza, ha insistido en sus caprichos”, agregó Sheput.
En opinión del congresista, la medida presidencial “no tiene ningún asidero” y pretende cubrir “su caída en las encuestas” de respaldo popular, con la disolución del Congreso.
El legislador fujimorista Héctor Becerril declaró, a través de Twitter, que “el temor a las 46 investigaciones por corrupción que tiene Vizcarra lo llevó a disolver el Congreso de la República”.
“Nosotros daremos la batalla por la democracia. Hoy Vizcarra dio el paso que lo separa de la legalidad, hoy comienza su fin”, escribió Becerril.
En la otra orilla, el legislador izquierdista Marco Arana declaró que “este Congreso se ha ganado a pulso el repudio y la falta de legitimidad de nuestros pueblos”, al respaldar la disolución del Parlamento.
“En este momento en el Congreso, esa mayoría (cuestionada) ha vuelto al hemiciclo, están queriendo plantear la vacancia”, para evitar que en “los próximos días se conozcan las investigaciones de los codinomes”, dijo Arana en alusión a los sobrenombres que la empresa brasileña Odebrecht le puso a los políticos que ha sobornado en los últimos años.
Por su parte, la legisladora izquierdista de Nuevo Perú, María Elena Foronda, dijo que se va feliz del Parlamento satisfecha porque no habrá más “un Congreso secuestrado por prácticas montesinistas”, en referencia al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos condenado por encabezar una mafia corrupta en el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
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