Las diócesis con sus cuentas bancarias restringidas son las de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, y las de Matagalpa y Estelí, a cargo del obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”, dijeron fuentes religiosas.
El cardenal Brenes, también arzobispo de Managua, dijo al portal Expediente Público que no podía confirmar el congelamiento de las cuentas bancarias de las diócesis y que de momento están “viendo cómo resolver la situación”.
Por su lado, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, obispo Carlos Herrera, dijo a la plataforma Despacho 505 que han recibido informaciones sobre los inconvenientes con las cuentas bancarias de las diócesis, pero que no han sido notificados de forma oficial.
Transferencias denegadas
La investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina publicó capturas de pantallas sobre intentos de transferencias bancarias a las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, sin éxito.
“Verifique que la cuenta ingresada esté correcta e intente de nuevo”, “Su transferencia no ha podido realizarse”, “Cuenta no válida”, son, entre otros, los mensajes que se leen al intentar hacer una transferencia en las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, según Molina.
De momento ni el Gobierno ni la banca privada se han referido a la restricción de esas cuentas bancarias de las diócesis, ni a la detención de tres sacerdotes en esta semana.
Hace dos días, la Policía Nacional informó de que investiga al sacerdote Jaime Montesinos por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, la Autodeterminación y la Paz.
El religioso es párroco de la iglesia Juan Pablo II del municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa, la diócesis que dirige el obispo Álvarez.
La Policía también investiga a otros dos sacerdotes por “asuntos administrativos” de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.
Acallar a la iglesia
Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga, “el bloqueo de las cuentas bancarias de varias diócesis de la Iglesia católica en Nicaragua es un acto extremo de agresión y de persecución a la Iglesia”.
“Es, además, una declaración explícita de las verdaderas aspiraciones de la dictadura: callar y disolver por completo la voz e incluso la presencia, de una institución que, por su peso moral en Nicaragua, es un obstáculo en los planes de los Ortega-Murillo, de consolidar una dictadura dinástica”, advirtió Maradiaga a través de una declaración pública.
“Ya es hora de que la comunidad internacional pase a la fase de desconocimiento absoluto del régimen”, agregó.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de “dictadura grosera” al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
