Entre los que presentaron estas querellas están el ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens; la excandidata presidencial de este colectivo político Balbina Herrera; y su correligionario Bernabé Pérez.
Otros en la lista de querellantes que alegan haber sido víctimas de las escuchas telefónicas, son el constitucionalista y activista Miguel Antonio Bernal y el diputado José Luis Varela, del gobernante Partido Panameñista (PPa) y hermano del actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela
Martinelli está fuera del país desde que salió de Panamá el 28 de enero pasado, horas antes de que la CSJ decidiera abrir un proceso para investigarlo por supuestos delitos contra la administración pública.
Los ex secretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en el Gobierno de Martinelli Gustavo Pérez y Alejandro Garúz permanecen detenidos de manera preventiva en la Cárcel La Gran Joya desde mediados de enero pasado y han sido llamados a juicio para agosto próximo por los “pinchazos” telefónicos ilegales.
Entre los que deberán comparecer al juzgado decimosexto de Circuito Penal, que fijó la audiencia para el 17, 18, 19 y 20 de agosto próximo, además de Pérez y Garuz, están Ronny Ramiro Rodríguez Mendoza y William Pitti Navarro, ex funcionarios del CSN, quienes se encuentran con paradero desconocido.
La audiencia se enmarca en el proceso seguido de oficio a los cuatro exfuncionarios por la supuesta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
En febrero pasado, el MP informó que para esa fecha recibió un total de 44 declaraciones juradas de personas víctimas de estas supuesta vulneración de sus derechos fundamentales en el caso de las escuchas ilegales.
Los pinchazos telefónicos fueron operados por personal del CSN con un equipo tecnológico de espionaje comprado a una empresa israelita, y que hoy día se encuentra desaparecido, reveló la fiscalía tras sus investigaciones.
