El origen del debate fue un hecho anecdótico: un lindo día de abril del 2010 le informan a Lester Packingham, residente de ese estado del este del país, que las autoridades de tráfico anularon un juicio verbal que él había apelado.
Contento, Lester comparte su alivio en su cuenta de Facebook: “No hay multa, no hay tasas judiciales, ningún gasto. Gracias a Dios, wow! Gracias Jesús”, escribió.
Desafortunadamente para él, el mensaje fue leído por un policía de Durham encargado de hacer seguimiento en línea a delincuentes sexuales.
Prohibición radical
Ocho años antes, a la edad de 21 años, Packingham fue declarado culpable de tener relaciones sexuales con una niña de 13 años.
Esto le valió una condena de 10 a 12 meses de prisión con suspensión y ser incluido en el registro de delincuentes sexuales. Y como corolario, de acuerdo con una controvertida ley de 2008 de Carolina del Norte, debía ser objeto de una prohibición de 30 años para usar Facebook, Twitter, Instagram y cualquier otro sitio que favorezca los reencuentros o las redes de amigos.
Lester Packingham fue condenado nuevamente, esta vez por el “delito” del uso de Facebook.
Sin embargo, los policías que revisaron su casa no encontraron ninguna evidencia de que hubiera abusado recientemente o tratado de abusar de menores.
El condenado apeló afirmando que la ley de Carolina del Norte viola su libertad de expresión, protegida en Estados Unidos por la sacrosanta Primera Enmienda de la Constitución.
En su larga batalla legal desde hace seis años, Packingham consiguió apoyo tanto de asociaciones que luchan contra las restricciones al uso de internet como de conservadores libertarios.
Del otro lado, Luisiana y otros 12 estados de EE. UU. han respaldado a Carolina del Norte, diciendo que la legislación era un asunto prioritario para evitar a los “depredadores sexuales” que recolecten información sobre posibles víctimas.
Sin ver tuits de Trump
En la audiencia del lunes en la Corte Suprema, varios de los ocho jueces parecían ampliamente de acuerdo con el argumento del condenado de que ahora no era posible vivir sin las redes sociales, aunque solo fuera con la legítima intención de buscar trabajo o de informarse.
Packingham “no tiene derecho a consultar la cuenta de Twitter del presidente”, señaló la magistrada progresista Elena Kagan, sin pronunciar el nombre de Donald Trump.
Hoy en día, agregó, “cada gobernador, cada parlamentario tiene una cuenta de Twitter”. Las redes sociales permiten a sus ciudadanos “estructurar su vida en comunidad”, estimó.
La también progresista jueza Sonia Sotomayor criticó la ley por estar fundada sobre “capas acumuladas de especulación”, que dan como resultado una “aplicación sin distinción”.
Es ilusorio prohibir las redes sociales, consideró la jueza, a sabiendas de que “internet puede ser utilizado para cualquier delito”, como planear un atraco a un banco.
Robert Montgomery, abogado del estado de Carolina del Norte, se empeñó por el contrario en defender la radical medida, insistiendo en la “alternativa” a las redes sociales.
La ley no prohíbe el acceso a toda la web, aseguró, especificando que los sitios para adultos, los blogs, los podcasts, los sitios de noticias, el comercio en línea o el simple intercambio de fotos estaban excluidos de las restricciones.
El máximo tribunal deberá pronunciarse sobre este asunto hacia finales de junio.
