Los condenados fueron procesados por su papel en la sangrienta represión de la revuelta que, con ayuda de la OTAN, puso fin al régimen gadafista en 2011.
Seif al Islam no asistió al juicio en la capital libia porque está preso en la ciudad de Zintan (suroeste), en manos de una milicia opuesta a las autoridades de Trípoli.
El juicio, iniciado en abril, ha sido criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que afirman que los acusados tuvieron un acceso limitado a abogados y a documentos clave.
También se ha visto marcado en el caso de Seif al Islam por una disputa no resuelta con la Corte Penal Internacional de La Haya, que reivindica su jurisdicción en el caso.
Los 37 acusados en total estaban imputados por delitos como asesinato y complicidad en la incitación a la violación, durante la revuelta de 2011.
También estaban procesados por secuestro, pillaje, saboteo y malversación de fondos públicos.
La milicia que mantiene preso a Seif al Islam es leal al gobierno reconocido internacionalmente, que el pasado agosto tuvo que refugiarse en Tobruk (este) cuando una coalición de milicias tomó el poder en Trípoli.
La mayoría de los demás acusados estaban en la capital, y otros en la tercera ciudad del país, Misrata, leal a las autoridades de Trípoli.
El Consejo de Seguridad de la ONU confió el conflicto libio a la CPI en febrero de 2011, al desencadenarse la represión del régimen gadafista contra un levantamiento popular alentado por la Primavera Árabe, que acababa de tumbar a los presidentes de Túnez y Egipto.
Los fiscales de la Corte consideran que Seif al Islam formaba parte del “círculo más estrecho” de su padre, y que “concibió y dirigió un plan para disuadir y poner fin por todos los medios a las manifestaciones civiles contra el régimen de Gadafi”.
La Corte con sede en La Haya acusa a Seif al Islam de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Desde su captura en noviembre de 2011, un mes después de la muerte de su padre, la CPI ha solicitado su extradición, de momento en vano.
