La sentencia también considera violados los derechos del juez Ramón Barrios Maldonado, sometido a un proceso disciplinario arbitrario, aunque no fue removido de su puesto.
La sentencia ordena al Estado hondureño, entre otras reparaciones, restituir a López, Chéves y Flores en “cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables” , y el pago de una indemnización material a las cuatro víctimas.
Según la Corte IDH, organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), los procesos “disciplinarios” contra jueces hondureños violentaron sus derechos políticos, así como las libertades de expresión, asociación y reunión.
La Convención Americana de Derechos Humanos “garantiza estos derechos políticos a toda persona, independientemente de cualquier otra consideración, por lo que no cabe considerarla ni restringirla a una determinada profesión o grupo”, señala la sentencia.
Es la primera vez que la Corte IDH establece en una sentencia que lo ocurrido en Honduras el 28 junio del 2009 fue una ruptura del orden constitucional.
El tribunal consideró además que “el derecho de defender la democracia constituye una específica concretización del derecho a participar en los asuntos públicos y comprende a su vez el ejercicio conjunto de otros derechos como la libertad de expresión y la libertad de reunión”.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que representó a los afectados, resaltó que es la primera vez que la Corte IDH establece en una sentencia que lo ocurrido en Honduras el 28 junio del 2009 fue una ruptura del orden constitucional.
En esa fecha, efectivos del ejército detuvieron y expulsaron del país al presidente constitucional José Manuel Zelaya, quien fue reemplazado por el entonces presidente del Congreso Roberto Micheletti, en lo que fue considerado internacionalmente como un golpe político militar, con respaldo del empresariado.
Los jueces que accionaron ante la Corte Interamericana fueron sancionados por participar en manifestaciones públicas o expresar opiniones contrarias al golpe de Estado.
