Decenas de miles menores de edad que huyen de la violencia generada por las pandillas y el narcotráfico en Guatemala, Honduras y El Salvador han entrado en Estados Unidos sin compañía de un adulto los últimos años.
Los funcionarios federales colocan a la mayoría de esos niños con familiares en Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos cuenta con la autoridad para retener en instalaciones de seguridad, en ocasiones durante meses, a los menores que representen un peligro para sí mismos o los demás, o que hayan cometido algún delito.
Defensores de los derechos de los inmigrantes estiman que ese grupo está compuesto por varios cientos de niños, e indicaron que las audiencias de fianza les permiten entender los motivos por los que son retenidos e impugnar la detención.
El Gobierno de Obama arguyó que dos leyes – aprobadas en el 2002 y el 2008 – eliminaban el requerimiento de una audiencia de fianza presentado en un acuerdo legal de 1997, al otorgarle al Departamento de Salud y Servicios Humanos toda la autoridad sobre las decisiones de custodia y ubicación de los menores sin compañía adulta.
En el 2016, el Departamento de Justicia indicó en documentos ante la corte que los jueces migratorios “no son expertos en temas de bienestar infantil y cuentan con mucha menos pericia para determinar lo más conveniente para el menor” , en comparación con funcionarios de Salud y Servicios Humanos.
El juez Stephen Reinhardt, quien escribió la decisión unánime del panel de tres jueces del 9no Circuito, dijo que las dos leyes no le otorgan la autoridad exclusiva sobre los menores sin compañía adulta a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Reinhardt afirmó que las audiencias de fianza son “una oportunidad para que los fiscales presenten los motivos de detención del menor, se examine y refute la evidencia del Gobierno, y construya un registro respecto a la custodia del menor” .
“Sin esas audiencias, estos niños no cuentan con un foro relevante ante el cual puedan impugnar las decisiones de la ORR respecto a su detención, o siquiera descubrir el motivo por el que se toman esas decisiones” , aseguró.
La portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas, dijo que la agencia ya revisa el fallo de la corte y considera sus siguientes pasos.
