“Queremos alto a la impunidad y lucha frontal contra la corrupción y el crimen organizado por parte de fiscales y jueces de la República”, indica la convocatoria de la Asamblea Acción Ciudadana, y agrega “queremos que los casos de corrupción lleguen a juicio y que no sigan anulando procesos ni sobreseyendo antes de llegar a juicio”.
Que se reconozcan “como complejos los casos de corrupción y blanqueo de capitales que hoy se investigan”, y que “se recuperen los dineros del Estado panameño que quedaron en las cuentas bancarias de funcionarios y empresarios corruptos”, son las otras exigencias de los convocantes.
Una nueva controversia agita a la sociedad panameña por la actuación de los tribunales y de la Fiscalía frente a los casos de corrupción que involucran a personalidades de alto perfil, varios de ellos relacionados con Odebrecht.
La discusión se centra en las interpretaciones que hace cada institución sobre las leyes que deben aplicarse a los casos, lo que afecta el tiempo del que puede disponer la Fiscalía para desarrollar las investigaciones.
En ese contexto, la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, criticó con dureza al Órgano Judicial por una resolución que, dijo, propicia la impunidad porque impide la continuación de la investigación del caso de blanqueo contra Odebrecht.
Pero los tribunales aseguraron que el fallo no llevó al archivo del proceso penal, y reprochó las manifestaciones de “irrespeto a la investidura de los jueces y magistrados”.
“Lleva una bandera y viste de negro. Panamá está de luto. La justicia está en la mesa de negociación. Se nos va el país de las manos si no hacemos algo hoy. Mañana, cuando seamos una Venezuela, ¡será muy tarde!”, reza algunos mensajes que circulan por las redes sociales en donde se hace la convocatoria a protestar este martes.
El pasado viernes un centenar de personas se apostaron en las escalinatas de la Corte Suprema panameña para expresar su repudio por las actuaciones que consideran irregulares de ese órgano del Estado en casos que involucran a Odebrecht.
Desde que se iniciaron las investigaciones en 2015 en Panamá se han retenido al menos 56 millones de dólares en distintas cuentas de Suiza, Andorra y Panamá, y se ha incautado un helicóptero y un lujoso apartamento en España.
Hasta ahora, hay 63 personas imputadas, cuyas identidades se desconocen, salvo las de dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que fueron filtradas a la prensa local.