“Le digo a la gente que salga a votar masivamente, que yo no necesito un cargo público para trabajar por la democracia y por mi país, que Enzo Scarano es simplemente una sola persona, pero que son miles y millones de ‘Enzos Scaranos’ que están en todo ese país, que están ya obstinados, cansados, avergonzados, de cómo se está llevando la justicia y la contraloría en este país“, dijo el exalcalde en un comunicado al rechazar la sanción.
La AP solicitó a la Contraloría General una reacción sobre el caso pero no hubo comentarios de momento.
Scarano fue electo en mayo pasado en unas primarias como uno de los 167 candidatos que competirán por la coalición opositora en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. El opositor fue detenido el año pasado y destituido de su cargo de alcalde del municipio central de San Diego, estado Carabobo, por desacatar una orden judicial que le exigía desmontar unas barricadas en esa localidad. El dirigente logró la libertad a inicios de este año.
La ex congresista María Corina Machado también fue inhabilitada por el organismo esta semana. Machado desestimó la sanción y anunció la víspera que se postulará para las próximas elecciones parlamentarias.
El controlar general, Manuel Galindo, negó que la medida administrativa impuesta a Machado responda a una persecución o retaliación política, y dijo a la televisora estatal que la opositora fue sancionada por el “ocultamiento de algunos activos que ella debió haber presentado oportunamente en su declaración jurada de patrimonio. Específicamente se trató de las prestaciones sociales y algunas bonificaciones o dietas que ella cobró a la Asamblea Nacional cuando ejerció el cargo como diputada.”
La actual subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, expresó preocupación por inhabilitación de Machado, postura que fue rechazada por la canciller venezolana Delcy Rodríguez.
La Contraloría General también inhabilitó recientemente al exalcalde encarcelado Daniel Ceballos que fue electo en las primarias opositora para competir en las elecciones parlamentarias.
“Nosotros no vamos a inhabilitar a nuestros hermano. Si el gobierno quiere hacerlo que incurra en ese acto de cobardía y que pague el costo político y moral de hacerlo“, dijo a la prensa el secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, al asegurar que la Mesa de la Unidad Democrática mantendrá las candidaturas de las personas inhabilitadas por la Contraloría General.
