La condena dictada en contra de la joven fue adoptada el 29 de junio y se basó “en meros prejuicios de género”, explicó en un comunicado la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Acdatee) y detalló que uno de los argumentos que el tribunal le fundamentó a Ramírez fue: “Las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue”.
Lesly Ramírez de 23 años integra una numerosa familia en situación de pobreza dedicada a la agricultura, con una vivienda sin agua ni energía. En junio de 2020, tras ir al baño en una letrina de su casa, sin saberlo comenzó un trabajo de parto precipitado expulsando la criatura en gestación.
Parte de los detalles que brindó la Fiscalía, es que era una niña de entre 37 y 40 semanas de gestación que presuntamente nació viva y que falleció horas después.
“Sentí que algo me salía, estaba oscuro y no logré ver lo que expulsaba”, contó Ramírez en el momento que brindó du declaración. Entró en pánico y tras la emergencia fue hospitalizada y recibió tres transfusiones de sangre y posteriormente fue detenida.
La semana pasada recibió la condena. “Mediante una apelación vamos a pedir la libertad (…), ella es víctima de una sentencia injusta”, declaró a la AFP Morena Herrera, presidenta de la agrupación.
En El Salvador, fiscales y jueces tipifican las emergencias obstétricas y los casos de aborto involuntario como “homicidio agravado”, con penas de hasta 50 años, a pesar de que el Código Penal salvadoreño desde 1998 establece penas de hasta 8 años por abortar, práctica prohibida en el país centroamericano en todos los casos.
Se trata de “la primera vez en la historia que se aplica la pena máxima (50 años) desde que se penalizó de manera absoluta el aborto”, dijo Acdatee.
Desde 2009, 65 mujeres condenadas por emergencias de salud durante el embarazo, la mayoría en precarias condiciones económicas, han sido liberadas apoyadas por Acdatee y otras agrupaciones.
El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) halló responsable al Estado de El Salvador por el caso de Manuela, una mujer salvadoreña que murió en el 2010 en la cárcel, purgando una condena de 30 años por un parto extrahospitalario tipificado como homicidio agravado.
