El acuerdo, aprobado tarde el lunes 27 de febrero en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee, quizá sea el primero al que se llega para resolver una demanda colectiva interpuesta en relación con una operación policiaca de inmigración en un lugar de trabajo, en opinión de expertos en inmigración. En el pasado, solo inmigrantes con casos individuales habían llegado a acuerdos en relación con redadas de agentes de inmigración.
De conformidad con el acuerdo, los demandantes que promovieron el juicio recibirán US$550 mil, más de US$5 mil 700 por cabeza. Seis demandantes identificados por nombre recibirán en total US$475 mil del gobierno federal en resarcimiento de sus reclamaciones con fundamento en la Ley Federal de Demandas por Daños y Perjuicios, que contempla compensaciones a personas físicas por actos imprudentes o negligentes cometidos por agentes del gobierno federal.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada el lunes, pero ni el gobierno federal ni los agentes admitieron haber incurrido en alguna acción indebida en el caso.
Algunos expertos legales comentaron que fue una extraordinaria victoria para los inmigrantes que viven en el país ilegalmente. “Es muy difícil lograr un acuerdo en casos que involucren al gobierno estadounidense y a agentes de inmigración”, señaló Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Cornell que se especializa en inmigración. “El resultado es particularmente importante porque se responsabilizó a los agentes federales por excederse en la fuerza empleada y por evaluar con base en aspectos raciales”.
En abril de 2018, agentes armados del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) irrumpieron en la planta empacadora de carne Southeastern Provision en Bean Station, poblado rural del noreste de Tennessee, y detuvieron casi a todos los trabajadores hispanos (con excepción de uno); el grupo incluía por lo menos un residente legal de Estados Unidos y un ciudadano estadounidense. La única excepción fue un hombre que se había escondido en un congelador.
La redada, identificada por los agentes federales con el nombre “The Great American Steak Out” ocurrió en la época en que el gobierno de Trump aplicó medidas enérgicas para combatir la inmigración ilícita (en la frontera y dentro del país) con redadas notorias en lugares de trabajo que no se realizaban desde la época en que George W. Bush era presidente.
La operación se realizó en respuesta a una investigación del IRS que descubrió pruebas de que el propietario de la empresa, ubicada a las afueras de la ciudad de Morristown, les pagaba a los trabajadores de la planta en efectivo para evadir impuestos.
Los trabajadores hispanos fueron esposados y trasladados a un Arsenal de la Guardia Nacional, donde se iniciaron procedimientos de deportación para la mayoría. Al menos 20 inmigrantes fueron deportados con rapidez. Otros fueron liberados y presentaron acciones ante tribunales con el propósito de permanecer en Estados Unidos.
En febrero de 2019, varias organizaciones sin fines de lucro, incluidos el Centro Nacional de Derecho Migratorio y el Centro de Derecho para Situaciones de Pobreza del Sur, presentaron una demanda contra los agentes federales y el gobierno estadounidense en la que los acusaron de intimidar a los trabajadores con base en su origen étnico y de violar sus derechos civiles (en agosto pasado, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee certificó que el caso era una demanda colectiva, lo que allanó el camino para que todos los trabajadores hispanos obtuvieran el desagravio).
Una orden de cateo les autorizó a los agentes federales el ingreso a la planta, pero no incluía autorización para el arresto de ningún trabajador, aunque vivieran en el país ilegalmente, según documentos del tribunal.
“Usaron como pretexto la investigación de los impuestos del dueño de la planta para planear y llevar a cabo una operación bien organizada centrada en los trabajadores hispanos”, explicó Michelle Lapointe, subdirectora de Asuntos Jurídicos del Centro Nacional de Derecho Migratorio y principal abogada en el caso.
En un video revisado por The New York Times se ve cómo los agentes separaron a los trabajadores hispanos y los registraron. “A los trabajadores blancos se les permitió retirarse”, comentó Lapointe.
Más de 150 niños se vieron afectados directamente por el arresto de sus padres, y al día siguiente alrededor de 600 niños faltaron a la escuela por el creciente temor entre la comunidad de inmigrantes. Maestros, abogados, ministros de culto y otros residentes de Morristown expresaron su apoyo a los inmigrantes en los días siguientes.
“Todo estaba normal y entonces, en un instante, todo cambió”, relató Martha Pulido, una de las demandantes, que habló el lunes en una conferencia de prensa.
El acuerdo no les permitirá automáticamente a los trabajadores permanecer en el país por tiempo indefinido. Eso sí, recibirán una carta del gobierno federal como confirmación de que forman parte de la demanda colectiva, y podrán presentarla como parte de su caso de inmigración. Además, a uno de los demandantes deportados se le permitirá regresar a Estados Unidos.
Los trabajadores que no están en el país recibirán el dinero correspondiente al acuerdo mediante algún servicio de transferencia de efectivo, como Western Union.
Ahora, varias organizaciones defensoras de los trabajadores inmigrantes harán lo posible por que se les otorgue residencia legal permanente.
“El siguiente paso es garantizar que los trabajadores que formaron parte de la demanda colectiva obtengan un desagravio de las autoridades de inmigración, que reciban permisos de trabajo y autorización legal para permanecer en el país”, afirmó Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la Coalición de Derechos de Refugiados e Inmigrantes de Tennessee.
Morristown es el centro administrativo del condado de Hamblen, donde en la actualidad los hispanos representan más del 10 por ciento de la población y un porcentaje más alto del cuerpo estudiantil en las escuelas públicas.
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Cristina Zapote es una hispana de 41 años que fue arrestada durante la redada y liberada el mismo día porque tenía dos hijos pequeños.
El lunes, Zapote dijo que le alegraba que los trabajadores fueran a recibir compensación. “Nunca creí que fuera posible”, indicó. “Espero poder obtener una situación migratoria aceptable y ayudar a mis hijos a cumplir todos sus sueños”.
Otros comentaron que todavía sufren traumas por la redada y la separación de sus hijos.
“Las familias cargarán eso para siempre”, explicó Pulido, quien ha vivido en Estados Unidos desde los años noventa. “No estoy contenta, pero estoy satisfecha porque la justicia venció a la injusticia”.
