Así lo muestra el inventario detallado de lo requisado que publicó la web DocumentCloud este viernes, un día después de que se celebrara una audiencia judicial por la demanda planteada por Trump contra el Departamento de Justicia por el registro llevado a cabo por agentes del FBI el pasado 8 de agosto.
En el expediente judicial del caso se incluyó hoy una entrada avisando que la jueza Aileen Cannon levantará el sello que impedía el acceso al inventario y a un informe de estatus sobre el registro mediante una orden escrita, pero hasta ahora no fue incluida en el registro.
Según el documento judicial publicado por DocumentCloud, el inventario consta de 33 ítems, algunos compuestos por un solo artículo y otros por varios, que fueron hallados por los agentes policiales en la oficina de Trump y en un cuarto de almacenamiento en Mar-a-Lago, una histórica mansión en Palm Beach convertida en un club privado por el expresidente, que tiene su domicilio legal allí.
La mayoría son documentos y fotografías oficiales, pero también hay revistas, diarios, recortes de prensa, numerosos libros, prendas de ropa y regalos.
Los agentes inventariaron 30 documentos con etiquetas que decían “alto secreto“, “secreto“, “confidencial” o “clasificado“.
Las ocho carpetas vacías halladas están marcadas bien con la leyenda “clasificado” bien con la de “devolver a la secretaria de personal/ayudante militar”.
En el documento no se da información sobre el contenido de lo inventariado.
Las vueltas judiciales del registro
Trump, que alega haber desclasificado los documentos que tenía en su poder, ha pedido a la Justicia que designe un perito independiente para revisar el registro realizado en su casa de Florida
Este jueves, en los tribunales federales de West Palm Beach sus abogados y los del Gobierno de EE.UU. plantearon por qué están a favor y en contra, respectivamente, de que se designe al perito.
Según los abogados del expresidente, la actuación de ese “special master”, como se denomina en inglés, brindaría “confianza” a una investigación sobre los documentos oficiales que mantenía Trump en su casa de Florida que “adolece de transparencia e integridad”.
El Departamento de Justicia lo consideró innecesario y advirtió que podría dilatar el proceso.
Cannon, quien días atrás comunicó una “intención preliminar” de designar un perito independiente, manifestó que dará a conocer su decisión al respecto “a su debido tiempo” y por medio de un escrito judicial.
En la audiencia de este jueves, Jay Bratt, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, señaló que la investigación está motivada por la “posesión ilegal de material clasificado” por parte del expresidente.
Bratt pidió a la corte aceptar la legalidad del registro por la posible comisión de tres delitos federales.
El registro en Mar-a-Lago se debió a las evasivas del entorno de Trump para devolver documentos que tenía en su posesión y que debían estar en manos de los Archivos Nacionales, tal como manda la ley.
En enero de este año, el equipo de Trump devolvió 15 cajas, en las que se hallaron documentos clasificados.
Los fiscales dijeron en un documento ingresado en la corte el lunes pasado que el FBI tenía evidencia de que posiblemente se produjo una “conducta obstructiva” en Mar-a-Lago.
Según la Fiscalía, “probablemente se ocultaron y sacaron registros del Gobierno de la sala de almacenamiento” en la vivienda donde los abogados de Trump dijeron que los documentos confidenciales habían sido guardados.
