Pobladores y la Iglesia Católica denunciaron que “miembros de la policía” y “grupos paramilitares” mantienen rodeado el templo La Candelaria, en cuyo interior permanecen sacerdotes y decenas de fieles atemorizados.
“Pido a la dirección nacional de la Policía suspender dicha acción de acoso, para que dichos fieles puedan retornar a sus hogares”, manifestó el cardenal Leopoldo Brenes.
Más temprano, “los paramilitares” interceptaron a cuatro sacerdotes cuando iban a La Trinidad a intentar “dialogar para evitar enfrentamientos entre manifestantes y policías”, declaró uno de ellos, el padre Eugenio Rodríguez.
Policías y paramilitares se instalaron en la casa de cultura, la alcaldía de La Trinidad y rodearon también el hospital. Hicieron “anillos para que la población no tenga salida”, aseguró Merling Solís, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Estelí.
“Nos andan persiguiendo. Hay una cacería de brujas”, dijo por teléfono, bajo anonimato, un joven que estaba en el bloqueo Medios oficialistas celebraban que se pudiera circular por la carretera.
Otros grupos armados incursionaron en Jinotepe (suroeste), donde unos 400 transportistas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá están varados en un bloqueo, según el embajador salvadoreño Carlos Jirón, quien pidió que los dejen llegar a su destino.
“Compromiso con las víctimas”
Pese a que persiste la represión, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -de grupos de la sociedad civil-, que ha dirigido buena parte de las acciones de calle desde el estallido de las manifestaciones, convocó a un plantón para este miércoles y a una marcha el próximo sábado.
Las manifestaciones, que estallaron el 18 de abril, exigen la salida del presidente Daniel Ortega, a quien acusan de haber instaurado el nepotismo y una dictadura con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y de una brutal represión.
Ante la grave situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló este martes un grupo de expertos internacionales de reconocida trayectoria que investigará violaciones a derechos humanos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajará por seis meses prorrogables, para apoyar “la investigación de los hechos de violencia” y recomendar acciones de reparación a las víctimas y familiares, según la CIDH.
“Nuestro compromiso es con las víctimas frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad más allá de quienes sean los perpetradores”, dijo el italiano Amérigo Incalcaterra, al leer un comunicado ante la prensa en Managua.
Además de Incalcaterra, el GIEI lo integran la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, la socióloga peruana Sofía Macher y el fiscal argentino Pablo Parenti, todos investigadores de sonados casos de violación de derechos humanos en América Latina.
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La CIDH, que desde hace diez días tiene a un grupo de técnicos en Nicaragua, ha exigido el cese de la represión, el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y respetar el derecho al debido proceso de los detenidos.
En Twitter, pidió a las autoridades “adoptar medidas para respetar y garantizar la vida” de los pobladores de La Trinidad que están “sitiados” y en “grave riesgo”.
“Crisis sin control”
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) registra 309 muertos -288 identificados-, mientras que el CENIDH y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) reportan unos 220 fallecidos y una docena más en verificación.
“La seguridad ciudadana como un derecho humano está en una profunda crisis, sin control”, dijo el secretario de ANPDH, Álvaro Leiva, en conferencia de prensa.
La violencia deja además más de 1 mil 500 heridos y medio millar han sido detenidos, muchos de forma arbitraria, según grupos locales de derechos humanos y la CIDH.
En las afueras de la cárcel de máxima seguridad El Chipote, en Managua, decenas de familiares de detenidos recibieron angustiados la noticia de que muchos fueron trasladados a la prisión La Modelo, la más grande de ese país.
Con la mediación de la Iglesia católica, el gobierno y la Alianza dialogan en busca de una salida al conflicto. “No veo voluntad política de Ortega. Va a defender su permanencia en el poder a toda costa”, declaró el analista Mauricio Díaz.
Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años, estuvo en el poder por una década luego de que una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, y desde el 2007 ha sido reelegido presidente por tres períodos consecutivos.
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