La CIJ se declaró hoy competente para juzgar dos demandas que Nicaragua presentó contra Colombia en 2013 por la delimitación marítima en el Caribe, decisión que el Gobierno colombiano rechazó tajantemente hoy al considerar que el tema, que trató asuntos de forma y no de fondo, “ya era cosa juzgada”.
La primera demanda es del 16 de septiembre de 2013, cuando Nicaragua pidió a la CIJ concederle una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe, ambición rechazada por Bogotá.
“Esta es una pretensión que ya había planteado antes a la Corte, y que este tribunal había negado en su fallo del año 2012”, afirmó hoy Santos.
La otra es del 26 de noviembre del mismo año, cuando Managua argumentó que Colombia ha incumplido el fallo del 19 de noviembre de 2012 mediante el cual La Haya redefinió los límites marítimos entre ambos países.
Colombia dijo entonces que ese fallo de 2012 es “inaplicable” porque los límites del país no pueden ser modificados por terceros y se retiró por las mismas fechas definitivamente del Pacto de Bogotá, con lo cual quedó fuera de la jurisdicción de la CIJ.
Según dijo hoy Santos, la CIJ en primer lugar “no respetó su propia sentencia del año 2012”, en segundo, “desconoció su Estatuto, que le indica que no puede reabrir un caso ya cerrado”, y en tercero, “pretende aplicar a Colombia” la Convención del Mar, un tratado del que el país andino no hace parte.
“Por lo mismo, y frente a tales contradicciones, he decidido que Colombia no seguirá compareciendo, en este asunto, ante la Corte Internacional de Justicia”, enfatizó el jefe de Estado.
Santos destacó que pese a que Colombia “se opuso de manera tajante” a la pretensión nicaragüense de ampliar su plataforma continental, “pues la Corte no podía volver a conocer de un tema sobre el cual ya había fallado”, ese tribunal internacional, “en un empate pocas veces visto en la Corte, se declaró competente para tramitar esta demanda”.
“He tomado esta determinación (de no acudir a más audiencias en la CIJ) luego de un profundo análisis y diálogo con los expertos que hacen parte del equipo de defensa de Colombia y luego de haber escuchado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y a los sectores políticos”, afirmó el mandatario.
Santos recordó que los límites marítimos de Colombia “solo pueden ser establecidos o modificados mediante un tratado internacional, como lo dispone el Artículo 101 de nuestra Constitución, y como lo ha dicho nuestra Corte Constitucional en reiteradas ocasiones”.
“Colombia respeta el derecho, pero exige también respeto al derecho y eso es lo que no ha ocurrido hoy”, añadió.
Finalmente, el jefe de Estado dijo a sus compatriotas: “pueden estar tranquilos de que Colombia preservará hasta el último centímetro de nuestro territorio” y los invitó a todos a “hacer un frente común, firme, inquebrantable, para proteger los más altos intereses de Colombia” en el mar Caribe.
Nicaragua celebra decisión
Nicaragua celebró este jueves la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de sentar su jurisdicción para estudiar los dos litigios marítimos entre Nicaragua y Colombia, cuya negativa de comparecer no interrumpirá el proceso, según expertos.
La portavoz de la presidencia, Rosario Murillo, calificó de “gran victoria” la decisión de la CIJ “que ha dicho que es competente para ver los dos casos” sobre incumplimiento de Colombia al fallo de 2012 y para fijar el “rumbo exacto” de su plataforma continental.
En tanto, un diputado y alto dirigente del oficialismo en Nicaragua acusó a Juan Manuel Santos, de desacatar el orden internacional al anunciar que su país “no seguirá compareciendo” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para tratar el litigio.
“Lo que hace Colombia, si es cierto eso de que no va a comparecer ni va cumplir el fallo, es un reto, un desacato, no a Nicaragua, sino al orden internacional y al derecho internacional” , dijo a Acan-Efe el secretario de Relaciones Internacionales del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y actual diputado, Jacinto Suárez.
“Eso significaría que nadie puede confiar en Colombia, porque no cumple con la ley”, advirtió el también presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional (AN, parlamento).
