Posteriormente, destacó el informe de Pew, cayó entre el 2007 y el 2009 debido a la aguda crisis económica, y se situó en los niveles actuales, entre 11.2 y 11.5 millones, donde sigue sin cambios desde el 2010.
Como consecuencia del descenso en la llegada de nuevos inmigrantes, especialmente de mexicanos, el informe señala que el grupo de adultos inmigrantes indocumentados con más de una década en EE. UU. prácticamente se ha duplicado, al pasar de 35 % en el 2000 al 62 % en el 2012.
Y, a la inversa, en el 2012 solo el 15 % había vivido en EE.UU. menos de cinco años, comparado con el 38 % en el 2000.
Asimismo, y dado su mayor tiempo de estadía en ese país, un mayor número lo hacía con hijos nacidos en territorio estadounidense.
En el 2012, 4 millones de los inmigrantes indocumentados, cerca del 38 % del total, vivía con hijos, frente a los 2.1 millones, o 30 %, que lo hacía en el 2000.
Desde el 2009, el flujo de inmigrantes indocumentados se situó en 350 mil al año, con alrededor de mil procedentes de México, un porcentaje mucho menor que en el pasado, cuando los inmigrantes indocumentados mexicanos suponían casi la mitad del total.
El centro Pew indicó que estas cifras incluyen tanto a los inmigrantes que cruzan la frontera de manera ilegal como a aquellos que lo hacen con visados, pero que permanecen en EE.UU. una vez la visa ha expirado.
Piden revisar manejo de inmigrantes presos
Dos influyentes legisladoras demócratas solicitaron el miércoles recién pasado al Ejecutivo estadounidense revisar los protocolos relacionados a la liberación de presos federales que hayan sido solicitados por las autoridades migratorias.
La jefa de la bancada demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi, y la principal demócrata en la subcomisión de inmigración, Zoe Logfren, pidieron en una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson y a la Fiscal General Loretta Lynch que los despachos federales y locales mejoren su coordinación al manejar presos federales requeridos por autoridades migratorias.
Las congresistas se refirieron al caso de Kathryn Steinle, asesinada este mes en San Francisco presuntamente a manos de Juan Francisco López Sánchez, un inmigrante no autorizado con récord criminal.
López Sánchez tenía varias sentencias por delitos graves y había sido deportado cinco veces, pero las autoridades de San Francisco lo dejaron en libertad pese a que las autoridades federales migratorias pidieron que lo retuvieran hasta que ellos pudieran recogerlo.
San Francisco está entre cientos de gobiernos locales que desatienden las solicitudes de autoridades federales migratorias, conocidas en inglés como “detainers” y las cuales han sido descritas por activistas como medidas que pueden afectar de manera desproporcionada a inmigrantes que no han cometido faltas serias.
“Aún si López Sánchez no hubiera disparado a Kathryn Steinle tras ser liberado, como se le acusa, la adopción de un protocolo para facilitar la comunicación ahorraría tiempo, dinero y personal que gobiernos locales y estatales de otra manera destinarían innecesariamente recogiendo de entes federales y albergando a personas que simplemente no serán enjuiciadas”, escribieron las demócratas.
