La actividad, convocada por la Articulación de Movimientos Sociales, consistió en un recorrido en un circuito cerrado de cinco vueltas entre la rotonda Jean Paul Genie y la rotonda Centroamérica, en la que la mayoría de asistentes iban ataviados con ropa deportiva y con la bandera de Nicaragua.
Otros iban en bicicletas, patines, motocicletas y hay quienes se hicieron acompañar de sus perros mascotas.
Durante la caminata, pacífica, portaron pancartas con mensajes en la que exigen la libertad de los “presos políticos” y fotografías de los que se encuentran detenidos.
La Articulación de Movimientos Sociales y los manifestantes autoconvocados de Nicaragua han denunciado que al menos 135 personas se encuentran como “reos políticos” por protestar contra el Gobierno de Ortega.
Según esos movimientos, los detenidos han sido “secuestrados” por las “fuerzas combinadas” del Gobierno, compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos afines, que las capturan sin orden judicial ni delitos comprobados.
Algunos de los “reos políticos” más conocidos son el miembro de la Alianza y líder campesino Medardo Mairena, el dirigente rural Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez, el empresario Cristhian Fajardo, así como los jóvenes afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate.
Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado entre 317 y 448 muertos, aunque el mandatario reconoce 197, y que es la más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nicaragua vive una “tercera fase” de la represión gubernamental, “más ruda, más explícita y burocrática”, que es la “criminalización de manifestantes”, luego de la primera que consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que el presidente Daniel Ortega ha negado.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril, por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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