Sumado al registro de lluvia la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 en esa zona de Guerrero, para el GIEI, el estudio ratifica las conclusiones de su informe de septiembre que desmontaba la llamada “versión histórica” oficial y pidió que se tome en cuenta para seguir buscando a los jóvenes en otros sitios.
De hecho, el GIEI celebró que la semana pasada la fiscalía general abriera una unidad especial de investigación del caso supervisada por el grupo, que trabaja en nuevas líneas de indagación y búsqueda tal y como lo venían solicitando desde hace meses los padres de los jóvenes y diversas ONG internacionales.
Tenemos un “buen acuerdo de trabajo” y estamos trabajando en “prioridades importantes para dar pasos clave (…) incluyendo las cuestiones sobre lugares de búsqueda o sobre los crematorios”, sostuvo el español Carlos Beristain.
La versión oficial aseguraba que, mientras tomaban autobuses para unas protestas, los chicos fueron atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías de la ciudad de Iguala, que los entregaron a un cártel que los asesinó e incineró sus cuerpos por creer que entre ellos había infiltrados miembros de un grupo rival.
La hipótesis de que uno de los autobuses tomado por los estudiantes estuviera cargado de droga en esa zona clave del narcotráfico mexicano está siendo evaluada por la nueva unidad, dijo Beristain.
Los expertos también denunciaron que siguen sin poder entrevistarse con miembros del Ejército para evaluar su papel la noche del crimen y denunciaron que la fiscalía tomó declaración a soldados en agosto y septiembre sin que el grupo tuviera conocimiento, pese a sus repetidas solicitudes.
