La CIDH responsabilizó al Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de graves violaciones a los derechos humanos en un informe presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ese informe, de 97 páginas, la CIDH concluye que “el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”.
“Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, reza el informe.
El texto recoge las conclusiones finales de la visita que la Comisión realizó a Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo para analizar las protestas, que comenzaron el 18 de abril y que han desembocado en la crisis más sangrienta del país desde los años ochenta.
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Durante la presentación del informe, Antonia Urrejola, aseguró que la Policía Nacional nicaragüense y grupos paramilitares han implementado un “patrón” de violencia destinado disuadir a los manifestantes.
“Existe un patrón de actuación de antimotines, grupos paramilitares y terceros armados actuando con la dirigencia de la Policía”, afirmó Urrejola, quien explicó que ese “patrón” consiste en el “uso excesivo y arbitrario de la fuerza letal de forma deliberada”.
A este respecto, la CIDH considera en su documento que “la respuesta del Estado a través de sus fuerzas policiales, fuerzas antimotines y grupos parapoliciales mediante la utilización de armas de fuego, bombas lacrimógenas y el uso de balas de goma, fue desproporcionada”.
Después de visitar Nicaragua, la CIDH ya presentó un informe preliminar en el que alertó de la presencia de francotiradores y de “graves violaciones de derechos humanos”.
Con el consentimiento del Ejecutivo nicaragüense, la CIDH y la OEA han decidido crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que viajará a Nicaragua por primera vez el 3 de julio, detalló hoy Urrejola.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
La Iglesia Católica está mediando en un diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil para encontrar una salida pacífica a la crisis política, pero ese proceso quedó cancelado por desacuerdos.
No obstante, la Iglesia ha adelantado que reanudará el diálogo después de que la CIDH presentase su informe final.
Futuro de Nicaragua debe decidirlo el pueblo
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que el futuro de Nicaragua debe decidirlo el pueblo nicaragüense y no una “elite política y social”, en referencia a la crisis en el país centroamericano que ya cumple dos meses y deja 212 muertos.
“La decisión del futuro de Nicaragua no es de una elite política y social, es del pueblo. Ningún tipo de persona en particular debe prevalecer sobre su futuro, todos y todas las nicaragüenses son los dueños de su país”, afirmó Almagro.
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Almagro hizo esas declaraciones al comienzo de la primera sesión del Consejo Permanente de la OEA que estudia la crisis en Nicaragua, con más de 200 muertos y más de un millar de heridos en dos meses.
El secretario general de la OEA consideró “urgente” abordar la crisis de Nicaragua y consideró que los responsables de la violencia deben “comparecer ante la justicia y pagar por sus crímenes”.
Sostuvo que la solución para Nicaragua pasa por la celebración de elecciones anticipadas y por el “camino de la Justicia” con la rendición de cuentas de los responsables de la violencia con la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA.
Gobierno tacha de “parcial” informe final
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, tachó de “parcial”y “subjetivo” el informe final sobre la crisis en el país que presentó hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aseguró que no “es política de Estado la represión de las fuerzas sociales”.
“Nicaragua rechaza de forma integral el informe de la CIDH por considerarlo subjetivo, prejuiciado y totalmente parcializado”, dijo Moncada Colindres durante una intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
Moncada Colindres aseguró que el Estado trabaja para que “prevalezca la paz” y rechazó una de las conclusiones más duras que hace el informe de la CIDH, la existencia de un “patrón” de violencia contra los manifestantes por parte de la Policía Nacional en colaboración con grupos paramilitares.
“Reafirmamos que no es política de Estado la represión de las fuerzas sociales y menos el uso arbitrario de la fuerza. Rechazamos las recurrentes e infundadas afirmaciones sobre denuncias hechas contra el Estado de Nicaragua y, en particular, de la Policía Nacional, a la que alude el informe”, subrayó.
De esa forma, Moncada Colindres consideró que el informe de la CIDH forma parte de los intentos que, a juicio del Gobierno de Nicaragua, se están produciendo para dar un “golpe de Estado” y forzar la renuncia del actual presidente, Daniel Ortega, que lleva 11 años en el poder.
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