Sobre Toledo —quien gobernó Perú entre 2001 y 2006— pende una orden judicial de captura internacional dictada el jueves, tras haber sido acusado de recibir US$20 millones a cambio de favorecer a la constructora Odebrecht con la concesión para construir la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.
“Invocamos a Interpol Francia a actuar con la mayor celeridad posible ante alto riesgo de fuga en caso Toledo”, escribió el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter.
El exgobernante se encontraba en Francia hace unos días, pero ahora su paradero es desconocido.
Toledo pasó así a integrar la lista de los más buscados de Perú, compartiendo espacio con violadores, asaltantes, asesinos y estafadores, en un programa de recompensas lanzado hace unos meses por el gobierno.
“Interpol tiene que notificar a 190 países que Perú ha lanzado una alerta roja”, dijo a la prensa la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.
De ser capturado, Toledo deberá cumplir una orden de prisión preventiva por 18 meses, mientras duren las investigaciones.
Alguna vez paladín de la democracia en Perú, Toledo, a sus 70 años, está a punto de convertirse en el segundo expresidente peruano en las últimas tres décadas en ir a prisión por un caso de corrupción, tras el autócrata Alberto Fujimori, de quien fue férreo opositor.
Odebrecht, que ha reconocido pago de coimas en Brasil y Latinoamérica a cambio de obras públicas en un caso conocido como “Lava Jato”, reconoce que pagó US$29 millones en Perú ilegalmente entre 2005-2014, durante los gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
“Se dicta prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo por un plazo de 18 meses. Como se encuentra en libertad se cursa los oficios correspondientes para la inmediata ubicación, captura y reclusión”, dijo el jueves el juez del caso Richard Concepción, quien dispuso una orden de captura nacional e internacional contra el exmandatario.
Su abogado Heriberto Benítez anunció que apelará la decisión judicial. Él había pedido que se le otorgue sólo orden de comparecencia durante la investigación, pues considera que detenerlo sin una sentencia de fondo es una vulneración de sus derechos.
En una entrevista televisiva Toledo había negado los cargos, pero para el juez hay claros elementos presentado por la Fiscalía que le hacen presumir lo contrario.
Para el magistrado, “existe un alto grado de probabilidad de que en la interoceánica se hayan presentado irregularidades con la intervención de Toledo” y “haya recibido pagos”. Explicó que mediante decretos supremos, el expresidente permitió que Odebrecht se salte procesos y se adjudique la obra.
