Según el informe, una fuente anónima reveló que uno de los militares detenidos como sospechosos “confesó haber participado en el crimen” y que recibió ese monto por planificar el asesinato.
El sospechoso, cuya identidad no es revelada, detalló la forma en la que se distribuyó el dinero y, según la publicación, cada sicario que participó en el crimen recibió una paga de US$2 mil 200.
Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo en la ciudad occidental de La Esperanza, donde residía, al parecer por hombres armados.
La Justicia de Honduras impuso el domingo prisión preventiva y auto de formal procesamiento a los cuatro presuntos implicados detenidos hasta ahora por el asesinato de la dirigente indígena.
Los acusados son Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Agua Zarca que impulsa un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras, al que se oponía Cáceres.
recibió cada sicario que participó en el asesinato de la activista Berta Cáceres, perpetrado el 3 de marzo último.
Los cuatro sospechosos fueron arrestados el pasado lunes en allanamientos simultáneos ejecutados en Tegucigalpa y la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, en el marco de la “Operación Jaguar”.
Un quinto implicado en el crimen, identificado como Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte, fue detenido el mismo lunes pero se le había dejado en libertad en La Ceiba.
Pero el viernes el Ministerio Público hizo un requerimiento fiscal de Duarte, quien, según investigaciones, tenía en su poder el arma con la que Cáceres fue asesinada, por lo que ese mismo día fue trasladado a Tegucigalpa para comparecer ante un juez esta semana.
El informe del mismo rotativo hondureño señala que existe un vídeo sobre el asesinato de Cáceres, quien además era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El vídeo fue obtenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para su análisis y muestra “a cuatro individuos ingresando a la casa de la fallecida (Berta Cáceres) en la madrugada del día de su muerte”, añade la publicación.
No obstante, el vídeo “no aportaba imágenes claras”, por lo que agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés“, que colaboran en el caso, ” procesaron el material para limpiarlo y así visualizarlo”.
La misma fuente señaló que en el vídeo se observa el vehículo que utilizaron los sicarios para trasladarse hasta la casa de la ambientalista, el cual está en poder de las autoridades hondureñas, apunta el informe.
Según la misma publicación, se presume que uno de los cuatro sicarios que aparecen en el vídeo es una sexta persona implicada en el crimen que está prófuga de la Justicia y cuya identidad no ha sido precisada por las autoridades.
Cáceres denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte, lo mismo que varios miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.
Dispersan manifestación
Una manifestación de pobladores indígenas lencas que llegó hasta la parte frontal de la Casa Presidencial en Tegucigalpa fue dispersada el lunes con gas lacrimógeno por los guardias de la sede del Ejecutivo, aunque la protesta continúa en sus alrededores.
“Nosotros hemos venido pacíficamente a exigir justicia para nuestra compañera Berta Cáceres -defensora de derechos humanos y ambientalista asesinada el 3 de marzo- y nos han reprimido con gas y golpes con toletes”, dijo a periodistas una mujer manifestante que solamente se identificó como Waleska Vigil.
Añadió que venían “por cuatro puntos” en una “marcha pacífica”, que se plantaron a hacer sus “consignas de siempre” y que “de pronto” les “cayó una bomba lacrimógena”.
“Veníamos a exigirle al presidente Juan Orlando Hernández que se esclarezca completamente el asesinato de la compañera Berta Cáceres y a pedirle una comisión internacional para que él contrate peritos privados y lo puedan esclarecer”, el crimen de Cáceres.
Además, los manifestantes piden al Gobierno que preside Hernández “que se levante (elimine) el proyecto Agua Zarca”, que impulsa un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país, al que se oponía la ambientalista asesinada, dijo la manifestante.
La cuarta petición al presidente Hernández es “que saquen todos los proyectos hidroeléctricos que hay en el pueblo lenca”, en el occidente hondureño, subrayó.
Los guardias de la Casa Presidencial, que al parecer hacían sus ejercicios de rutina, fueron sorprendidos por los manifestantes, que se apostaron frente a uno de los portones, de donde en pocos minutos fueron dispersados en medio de un enfrentamiento en el que hubo golpeados de ambas partes.
Algunos de los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y en el enfrentamiento uno de los efectivos de la Casa Presidencial fue despojado del bastón que portaba.
Al menos cinco de los manifestantes recibieron golpes, pero se replegaron varios metros con el resto de sus compañeros por los efectos del gas lacrimógeno.
Uno de los coordinadores del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Tomás Gómez, indicó que “vienen más” manifestantes en autobuses.
“Este gobierno es espurio, no le importa que nosotros como población exijamos nuestros derechos. Nosotros como pueblo pagamos los sueldos de estos policías, y sí nos reprimen, son ellos”, agregó.
