Las protestas en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social, pero derivaron en masivas protestas que fueron respondidas por fuerte represión y motivaron pedidos de renuncia de Daniel Ortega.
La Iglesia Católica nicaragüense intenta una mediación del diálogo nacional entre Gobierno y oposición.
En el documento divulgado este lunes, la Casa Blanca pasó revista a las medidas adoptadas a este respecto, en especial la sanción a tres funcionarios nicaragüenses, paso que consideró “el inicio, no el fin, de potenciales sanciones”.
Además, Washington revocó o restringió el otorgamiento de visas a funcionarios nicaragüenses que hayan tenido cualquier relación con represión a protestas o actos de violencia.
Según la nota, la Casa Blanca tramitó la devolución de automóviles que habían sido donados a la Policía Nacional de Nicaragua y que habrían sido utilizados en la represión, y además ha bloqueado nuevas donaciones de equipos a las fuerzas de seguridad.
Presión en aumento
El pasado martes, el vicepresidente Mike Pence ya había exigido a Ortega el fin de la violencia en Nicaragua, que consideró “patrocinada por el Estado”.
En un mensaje publicado en la red Twitter, Pence también pidió que se anticipen las elecciones presidenciales previstas para 2021 en Nicaragua.
Más tarde, durante una ceremonia sobre libertad religiosa que se realizó en el Departamento de Estado, Pence aseguró que en Nicaragua el gobierno “está virtualmente en guerra con la iglesia católica” y personas “armadas con machetes (…) han atacado templos y propiedades de la iglesia”.
Sin embargo, Ortega ofreció en la semana una entrevista al canal de TV estadounidense FoxNews en la que descartó renunciar a la presidencia.
“Inestabilidad, inseguridad…”
De acuerdo con Ortega, “adelantar las elecciones crearía inestabilidad, inseguridad y empeoraría las cosas”.
En esa entrevista Ortega también buscó reducir el tono de enfrentamiento con la iglesia católica, y negó que hombres armados relacionados con el gobierno hayan matado a tiros a dos jóvenes refugiados en una iglesia.
La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó una resolución en la que pide al gobierno la adopción de más sanciones contra funcionarios nicaragüenses.
El texto “pide a Estados Unidos que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, exija la liberación de los detenidos injustamente e identifique a aquellas personas cuya participación en esta violencia califica para la imposición de sanciones”.
Esas sanciones, como las adoptadas el 5 de julio contra tres funcionarios, se apoyan en la llamada “ley Magnitsky”, aprobada por el Congreso estadounidense para sancionar funcionarios rusos por la muerte de Sergei Magnitsky en 2009.
Esa ley, sin embargo, pasó a ser utilizada por el gobierno para sancionar funcionarios extranjeros cuando considera que ha habido abusos o violaciones de los derechos humanos.
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