Bukele había denunciado recientemente a “un juez (que) intentó liberar a 42” pandilleros que enfrentan un proceso judicial por delitos cometidos en 2019.
El gobernante llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) “a investigar los posibles nexos de este juez”, que no identificó, “con el crimen organizado y las estructuras terroristas”.
El domingo pasado, el Congreso, a pedido del presidente, decretó un estado de excepción que regirá por un mes para frenar la violencia de las pandillas.
La medida, que restringe libertades civiles y amplía poderes a la policía y el ejército, fue adoptada después que el pasado fin de semana las pandillas generaran una ola de violencia que dejó 87 muertos.
De acuerdo a Bukele, desde el pasado fin de semana han sido detenidos en todo el país 3.873 miembros de pandillas.
El miércoles, el Parlamento, controlado por el oficialismo, reformó el código penal para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, en medio de una serie de reformas legales.
Mientras tanto, el gobierno ha endurecido las condiciones de encierro para los 16.000 pandilleros presos, a quienes se les ha racionado la alimentación.
El Salvador cerró 2021 con una tasa de homicidios de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.
