La razón por las que estos conductores se encuentran atascados en Panamá, específicamente en la provincia de Chiquirí, se debe a las manifestaciones que se llevan a cabo desde el 21 de octubre. Estas surgieron debido al rechazo de un contrato que autoriza la explotación de la mina de cobre más grande a cielo abierto en Centroamérica.
Además, la ley agrega que la empresa Minera Panamá, que es filial de la compañia canadiense First Quantum Minerals (FQM), se le autoriza realizar esta actividad por un total de 20 años, con la opción de otros 20 años prorrogables. Esto ha causado el cierre de carreteras en Panamá y el incremento de protestas.
La Cancillería de El Salvador comenta que por medio de la Embajada de Panamá han podido atender las necesidades de alimentación y salud de los conductores salvadoreños por más de 30 días. “Sin embargo, hasta este momento no ha sido posible encontrar una solución para los conductores que continúan varados en territorio panameño”, agrega.
Debido a esta situación, las autoridades salvadoreñas apelan “a las históricas relaciones de amistad y cooperación” entre ambos países, por lo que piden que las autoridades y líderes de la sociedad civil abran un corredor humanitario para que así sus “compatriotas puedan salir de Panamá a la mayor brevedad posible”.
El Salvador hace un llamado a las autoridades de Panamá y a los líderes de la sociedad civil de ese país para que habiliten un corredor humanitario que permita a los transportistas salvadoreños, afectados por los cierres de carreteras, salir de territorio panameño. pic.twitter.com/gvs4Y21bMr
— Cancillería de El Salvador 🇸🇻 (@cancilleriasv) November 26, 2023
Pronunciamiento de grupo indígena
Según la cadena de radio Voz de América (VOA), Toribio García, líder de la comarca indígena Ngäbe-Buglé, indicó que tienen como objetivo el garantizar la salida de los transportistas salvadoreños, pero que esta decisión deberá ser discutida con los otros grupos involucrados en las protestas.
“Nuestra lucha no es contra los camioneros de Centroamérica, es contra el gobierno opresor de Panamá que ha querido vender nuestra patria a la empresa extranjera para que destruya nuestra tierra”, agrega.
Los manifestantes no solo rechazan el nuevo contrato sino toda actividad minera, sosteniendo que los grandes aportes económicos no compensan los daños ambientales a Panamá, donde la cobertura boscosa alcanza el 68 % del territorio.
La cuestionada renovación del contrato minero tiene sumido a Panamá en una oleada de protestas que se han cobrado la vida de al menos cuatro personas, además de dejar pérdidas millonarias por el corte de carreteras en el país.
El sector turístico ha sido uno de los más golpeados, con 200 millones de dólares en pérdidas después de que más de 68.000 turistas cancelaran hasta enero sus visitas al país, incluyendo participantes en congresos y convenciones. El gremio hotelero calculó en 13 millones de dólares las pérdidas solo para ese sector.
