“Muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre” en El Salvador, sobre todo “en América Latina, pero también en Estados Unidos y en otras partes”, dijo eufórico, porque el país centroamericano pasó de ser “literalmente el país más peligroso del mundo, a ser el “más seguro” del continente, solo por detrás de Canadá.
Bukele, arropado por su esposa y su hija, no quiso dar ninguna fórmula. Dijo que los gobiernos “deben tomar sus propias decisiones y reafirmar sus derechos” y “utilizar el sentido común”.
“Hoy, a cuatro años de nuestro Gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza”, dijo Bukele.
Y esos sueños pasan porque las personas puedan caminar por las calles sin miedo, los niños jugar en los parques, convertir al país en destino turístico y capital del surf y que muchos emigrantes deseen volver, según explicó.
Las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la cruzada de Bukele contra las pandillas que controlaban barrios, se financiaban con extorsiones, sicariato y tráfico de droga, lanzada en marzo de 2022.
En 17 meses, la medida, que permite detenciones sin orden judicial, cerca de 72 mil 600 presuntos pandilleros han sido detenidos, para lo que hizo construir una megacárcel para más de 40 mil personas.
Más de 7 mil inocentes han sido liberados, según las autoridades.
Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. La ONU denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos 1 mil 600 menores.
“Nos criticaron y condenaron por cada una de las decisiones que tomamos. Intelectuales, periodistas, políticos y organizaciones de todas partes se enfrascaron en un debate sobre lo que estábamos haciendo”, apuntó y añadió: “hoy vengo a decirles, ese debate se acabó y que las decisiones que tomamos fueron acertadas”, dijo.
Además, sostuvo que “ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponer sus formas de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países”.
🇸🇻 | Discurso de Nayib Bukele en la Asamblea General de la ONU:
"El Salvador pasó de ser literalmente el país más peligroso del mundo a ser el más seguro de América Latina".
"Hoy, a cuatro años de nuestro Gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en… pic.twitter.com/PZuqfD2uOX
— Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 19, 2023
“En cada una de las decisiones que hemos tomado, nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legitimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado equivocarnos (…) no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino nuestro derecho a tener la razón”, agregó.
Denuncia muerte de detenido
El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) denunció la muerte en custodia estatal de “otro” detenido en el contexto del régimen de excepción, implementado en El Salvador desde marzo de 2022 como una medida para combatir a las pandillas.
La víctima es David Mejía, quien habría fallecido el lunes en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, de acuerdo con dicho movimiento.
“Otra víctima inocente muere bajo la responsabilidad del criminal régimen de excepción”, indicó la fuente en un hilo de mensajes en su cuenta de la red social X (antes Twitter).
Detalló que el hombre era originario del municipio de Tonacatepeque, en San Salvador, y que “su familia trató 15 meses de demostrar su inocencia”, pero “le fue negada en un proceso judicial amañado e injusto.
En el lugar donde vivía, apuntó el MOVIR, era “conocido por se una persona emprendedora y honesta”.
El MOVIR surgió en el marco del régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele y cuya implementación ha dejado, por el momento, 5 mil 490 “víctimas directas”, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Este Movimiento ha acompañado a familiares de los detenidos en diversas instituciones, donde han defendido su inocencia.
Las organizaciones sociales salvadoreñas e internacionales han recibido miles de denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos, además de señalar que bajo este régimen se han dado detenciones arbitrarias y tortura.
Al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, han fallecido bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado durante la polémica medida de excepción.
