El fiscal Iván Quintanilla, integrante de la comisión que investiga a Lamia, ya había adelantado más temprano que emitió orden de aprehensión para implicados en el caso.
“Con fines investigativos fueron arrestados (además de Vargas) la secretaria y el mecánico de la empresa, si hay elementos e indicios que se puedan relacionar dentro del presente caso, el Ministerio Público aplicará el Código Penal, si no, se ordenará el cese de arresto”, explicó Quintanilla a la prensa, según detalló el portal de internet del diario Los Tiempos.
El martes, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) retiró documentación de las oficinas de Lamia, que están intervenidas por las autoridades, según reportes de prensa.
Lamia es investigada por supuestas responsabilidades en el accidente del avión que cayó en Medellín con 77 personas a bordo, dejando un saldo de 71 muertos -entre ellos los jugadores del Chapecoense- y seis sobrevivientes.
El propio Vargas había admitido días antes al diario Página Siete que la nave, un BA-146 modelo RJ85, debió haberse reabastecido de combustible en el poblado boliviano de Cobija, en el extremo norte del país, para continuar su ruta hacia Colombia.
Bolivia encontró indicios de irregularidades en el funcionamiento y operaciones del Lamia, según el ministro de Obras Públicas y Servicios, Milton Claros. Como primera medida destituyó a altos funcionarios aeronáuticos.
Una de las principales hipótesis que se maneja es que el avión se precipitó a tierra porque se quedó sin combustible a poco de llegar al aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín.
La funcionaria que aprobó el plan de vuelo pese a que supuestamente había observado problemas en la cantidad de combustible, pidió refugio en Brasil.
