La demanda “sin precedentes” del gobierno de México contra empresas de armas de EE.UU.

Según datos del propio ejecutivo mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.

En la presentación de la iniciativa, el gobierno especificó que no se trata de una demanda contra el gobierno de EE.UU., al que reconoció su esfuerzo por tratar de detener el tráfico ilícito de armas y establecer regulaciones que “no han sido suficientes”.

“No puede haber un incidente diplomático porque no es un litigio con el gobierno de EE.UU.“, insistió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien dijo que la demanda no sustituye otros esfuerzos necesarios y reconoció que “México tiene que hacer más y mejor para controlar su frontera”.

“Pero es indispensable. Si no hacemos una demanda de esta naturaleza y no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país”, aseguró.

Impacto económico

El gobierno mexicano asegura que las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas contra la población civil y autoridades de México.

“Las empresas lo saben. Argumentan que cuando [las armas] salen a la venta, ellos ya no tienen responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen información precisa de si alguien llega y compra cinco Barretts 50″, criticó Ebrard.

Además, el canciller apuntó a que las compañías “están desarrollando diferentes modelos para el narco (…), están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglo desde el punto de vista estético y de uso”, aunque no ofreció más detalles.

La demanda, que es fruto de “dos años de trabajo”, busca que las empresas demandadas compensen económicamente al gobierno de México con un monto que será determinado en el juicio.

La exigencia se basa no solo en las muertes que genera el tráfico ilegal de armas sino en el grave impacto económico que tiene en áreas como seguridad, sanidad, comercio o turismo que, según cálculos citados por el gobierno, podrían ascender a hasta el 1,5% del PIB mexicano.

Qué se demanda a las empresas

Pero, según Ebrard, el objetivo principal del proceso no es un acuerdo económico sino que “se modifique la actuación de esas empresas que están siendo, cuando menos, negligentes”.

Así, pidió que las compañías desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, “disciplinar a sus distribuidores” al insistir en que no quedan exentas de responsabilidad del uso de las armas tras su venta.

También abogó por la incorporación de mecanismos de seguridad en las armas para prevenir que sean usadas por personas vinculadas a la delincuencia y, por último, para que las empresas paguen los estudios y campañas en medios enfocados a combatir el tráfico ilícito de armas.

“Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México”, resumió.

A la espera de conocer cuál será la respuesta de estas empresas o de la propia Casa Blanca, el gobierno mexicano dejó claro que la demanda no busca interferir en la política estadounidense sobre armas y que el litigio involucra solo a empresas privadas.

También aclaró que el proceso no atenta contra la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que reconoce el derecho de la población a poseer y portar armas, sino que se centra en los daños ocasionados en territorio mexicano donde rige una ley distinta.

“Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando. Vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune”, concluyó Ebrard.

Problema bilateral

El tráfico ilegal de armas es uno de los temas más complicados en la relación bilateral entre México y EE.UU. Los distintos gobiernos mexicanos han solicitado a su contraparte un mayor esfuerzo para controlar el tráfico de armas ante sus serias dificultades de México por controlar su frontera.

Según datos de 2019 del gobierno mexicano, el 70% de asesinatos en el país se cometen con armas de fuego (en 1997, eran solo el 15%) y la mayoría proceden de EE.UU.

A través de su frontera sur cruzan ilegalmente a México cada año miles de pistolas, fusiles de asalto o ametralladoras escondidas en autos o camiones de carga.

Esto ha sido visible en multitud de ocasiones. Durante la fallida operación para capturar en 2019 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, se identificaron en manos del cartel de Sinaloa armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de EE.UU.

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No está claro cuántas armas ilegales hay en México. Hace dos años, el gobierno de México dijo que en la década anterior habían entrado ilegalmente al país unos dos millones. Pero en ese período de tiempo, las autoridades solo confiscaron unas 193.000 armas.

La mayoría fue comprada en negocios ubicados en estados fronterizos como California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde existen más de 20.000 armerías y establecimientos autorizados para la venta.

La forma más común de operación es el llamado “tráfico hormiga”, donde cientos de personas compran por separado una o varias armas que después entregan a grupos que las envían a México.

Se trata de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes judiciales, como haber sido acusados de cometer delitos, o sin problemas de estabilidad mental, por ejemplo, y que logran así superar la revisión de su historial. Son los conocidos como “compradores paja”.