Pero la decisión de Iván Márquez -y otros conocidos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, como Jesús Santrich, Hernán Darío Velásquez (“El Paisa”) y Henry Castellanos (“Romaña”)- no tiene por qué representar un golpe fatal para ese proceso de paz.
BBC NEWS MUNDO
FARC: ¿qué tanto amenaza al proceso de paz de Colombia el regreso a las armas de los comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich?
Que el hombre que negoció el acuerdo de paz que llevó a la desmovilización de la guerrilla más antigua y poderosa de Colombia reapareciera para anunciar que retomaba las armas es indiscutiblemente una mala noticia.
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“Más del 90% de los excombatientes de las FARC están comprometidos con el proceso y esa voluntad de paz debe ser respetada. El Estado nunca los dejará solos”, fue, de hecho, la primera reacción al anuncio del Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano, Miguel Ceballos.
Y el mismo presidente colombiano, Iván Duque, en su momento un duro crítico de los acuerdos de paz, reafirmó el compromiso de su gobierno “con quienes están avanzando en el proceso de reincorporación”.
“Los exguerrilleros y exguerrilleras que dimos el paso de dejar las armas lo hicimos con el profundo convencimiento de que la guerra había dejado de ser el camino”, confirmó por su parte Rodrigo Londoño, “Timochenko”, el máximo líder de las FARC.
“Una aplastante mayoría lucha hoy en la legalidad y en forma pacífica por conseguir la implementación total de lo firmado en La Habana (en 2016). Seguiremos sin desmayo esa lucha”, aseguró Londoño, en una conferencia de prensa en la que estuvo rodeado de otros dirigentes de lo que ahora se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Asentados en la vida civil
De hecho, el nuevo partido político se está preparando para participar en las elecciones regionales de octubre presentando candidaturas para ocho departamentos, 26 alcaldías y 60 consejos municipales.
Mientras que de los 13.049 exguerrilleros registrados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un 84% ya está recibiendo una “asignación mensual” equivalente al 90% del salario mínimo vigente, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz.
Y los ejemplos del progreso de los excombatientes farianos en reincorporarse a la vida civil abundan.
Por ejemplo, si bien por el momento solamente un 18% ya está vinculado a alguno de los 389 proyectos productivos, individuales o colectivos, ya aprobados por las agencias de reintegración, el 98% de los desmovilizados sueña con tener su propio emprendimiento.
Aunque tal vez no hay mejor indicador del compromiso de reinserción de la mayoría de los exguerrilleros que el “baby boom” protagonizado por los antiguos combatientes, especialmente visible en los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETRC) y Nuevos Puntos de Reagrupación (NPR), donde se concentran muchos de ellos.
“Hay muchos que ya hicimos una vida familiar y por eso el regreso a la lucha insurgente se nos hace ilógico”, le dijo al portal colombiano La Silla Vacía un desmovilizado asentado en el ETRC de Tolima, quien dijo seguir creyendo en el acuerdo de paz.
Riesgos… y oportunidades
Todo esto, sin embargo, no significa que el éxito del proceso de paz colombiano esté garantizado.
De hecho, según una encuesta de Gallup realizada este agosto, un 67% de los colombianos considera que la implementación de los acuerdos firmados en noviembre de 2016 va por mal camino y un 51% sigue teniendo una opinión desfavorable de un pilar fundamental de los mismos: la Justicia Especial para la Paz, JEP.
E influyentes personajes como el expresidente Álvaro Uribe han aprovechado el regreso a las armas de Márquez, Santrich, “El Paisa” y “Romaña” para pedir “bajas a esos acuerdos de la Constitución”.
Hay que bajar esos acuerdos de la Constitución, capturar a esos bandidos donde estén, recuperar esta economía, profundizar la política social y, ¡mano firme contra esos bandidos que es lo que necesita este país! pic.twitter.com/jIqnlgfNua
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 29, 2019
“Aquí no hubo paz, sino el indulto para algunos responsables de delitos atroces a un alto costo institucional”, opinó Uribe, quien ha pedido “revisar” los acuerdos, especialmente en lo que tiene que ver con justicia.
Aunque, paradójicamente, la situación creada por Márquez puede terminar dándole a la Justicia Especial para la Paz una inmejorable oportunidad para mejorar su imagen entre los colombianos.
La JEP ya reactivó la orden de captura en contra de Márquez y sus compañeros, sospechosos todos de no haber nunca roto del todo sus vínculos con el narcotráfico.
Y el evidente tratamiento diferenciado a quienes cumplan con los compromisos adquiridos, y los que no, puede terminar incentivando un blindaje de las garantías hechas a los primeros, máxime cuando una mayoría de colombianos -un 64%, según la encuesta de agosto de Gallup- sigue considerando que el diálogo con las guerrillas y grupos armados sigue siendo la mejor opción.
Los factores decisivos
La continuidad de este apoyo, sin embargo, dependerá en buena medida de lo que hagan los desmovilizados, el gobierno y también el nuevo grupo armado.
Por el momento este último parece tener más un propósito político que militar. Y los analistas dudan de que Márquez logre unificar a las disidencias surgidas durante la negociación de los acuerdos y hacer frente común con la guerrilla del ELN, como parece estarse proponiendo.
De hecho, como también destacó La Silla Vacía, no deja de ser significativo que la carta de presentación de la nueva guerrilla fuera un video y no una operación militar.
Pero “como bien lo simboliza la imagen de un ciego esgrimiendo un fusil, es más probable que este tiro al aire termine causando mucho daño a todo su alrededor (…). Dependerá, en gran parte, de cómo lo manejen los líderes del país, especialmente el presidente Duque”, valoró el portal.
Santrich, uno de los comandantes que se rebelaron, es ciego.
Y ciertamente, el potencial atractivo de la nueva disidencia liderada por Márquez entre el resto de desmovilizados dependerá, en buena medida, del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno.
Ese fue, de hecho, el principal argumento esgrimido por el ex jefe negociador fariano para justificar su “regreso al monte”.
“En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado”, destacó.
Y no deja de ser significativo que, según la encuesta de Gallup, el 53% de los colombianos cree que en Colombia no existen garantías para hacer oposición democráticamente.
Por el momento, sin embargo, entre la mayoría de los desmovilizados no parece haber apetito para seguirlo en una aventura calificada de “equivocación delirante” por el mismo Timochenko.
Y eso podría terminar haciendo la diferencia, pues ellos son los protagonistas más importantes del proceso de paz.
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