El escándalo de explotación sexual de menores que hundió a un importante senador oficialista y sacude a Uruguay

“En un video voy a hablar de un pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años”, anunció en las redes sociales Romina Celeste Papasso, una militante trans del mismo partido político que Penadés, en marzo. “Cuando yo tenía sólo 13 años me levantaba del parque Batlle y me llevaba al motel, le gustan los niños”.

Papasso, ahora de 30 años, evitó nombrar a Penadés en ese mensaje. Pero luego lo identificó públicamente y afirmó que fue el primer hombre que le pagó por sexo, antes de que iniciara su transición de género.

Penadés, de 57 años, rechazó de inmediato la acusación y ha negado haber cometido delito alguno.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo apenas surgió la denuncia que le creía a Penadés, a quien conoce desde hace tres décadas como miembro del Partido Nacional de centroderecha que él lidera. “Sería un mal amigo si no le creo”, declaró luego a la prensa.

Pero tras las afirmaciones de Papasso la Fiscalía General inició de oficio una investigación en la que al menos ocho víctimas declararon haber sufrido explotación sexual por parte Penadés cuando eran menores, según informa el pedido de desafuero.

Y los detalles del caso que comienzan a conocerse ahora perturban a un país que solía ver los escándalos de este tipo como algo ajeno.

El informe de la Fiscalía

La fiscal uruguaya de delitos sexuales que investiga el caso, Alicia Ghione, indicó que Penadés es señalado como presunto autor de delitos de pago a adolescentes “por actos eróticos y sexuales”.

De los ocho denunciantes, la mayoría tenía 13 o 14 años cuando ocurrieron los abusos, precisa el documento que Ghione envió al Parlamento y al que accedió BBC Mundo. Otros tenían 15 y 16 años.

“En todos los casos son o fueron menores de edad y varones“, señala. Agrega que las víctimas provenían de “contextos sociales altamente vulnerables” y que varias siguen siendo menores de edad.

“En un caso ya antiguo, la víctima era apenas un niño en un cuadro de fútbol, que el propio Penadés organizaba, cuando aún era adolescente”, relata.

La fiscal observa en el texto que el modo de proceder de Penadés “se sostiene a lo largo de los años”.

“De las declaraciones obtenidas, se reúnen similares formas de convencer a los adolescentes a que accedan a tener actos sexuales, de cómo acceder a sus cuerpos, lograr que se desnuden, besarles, tocarles, solicitarles que ‘lo masturben’ y le hagan ‘sexo oral’, para finalmente en algunos casos lograr algo más”, afirma.

Añade que en algunas ocasiones había “acciones violentas para obligar al ‘sexo oral’ o a la ‘penetración sexual'”.

El documento incluye pasajes textuales de los testimonios volcados a la Fiscalía.

En uno de ellos, la víctima recuerda que cuando conoció a Penadés le dijo ser menor de edad, pero éste le respondió: “Si hay pelitos no hay delito”.

En otro testimonio, el denunciante señala que Penadés le indicó que podía ayudarlo a encontrar trabajo.

Ghione informó a los legisladores que las algunas víctimas declararon que un profesor de historia que también es investigado actuaba como “reclutador” o “intermediario” del político con los menores y cobraba por ese rol.

La Fiscalía había identificado al menos otras cuatro víctimas hasta la solicitud de desafuero de Penadés, pero advirtió que evitaban brindar su testimonio “por temor al ‘poder’ del imputado” o “porque han recibido amenazas presuntamente de parte de los imputados”.

Las consecuencias

Ante la información brindada por la fiscal, el Senado uruguayo aprobó por unanimidad el miércoles el desafuero de Penadés, quien había pedido rapidez en el trámite para responder ante la Justicia.

“No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito”, dijo Penadés sucintamente a la prensa luego de declarar en la Fiscalía el mes pasado, aún protegido por sus fueros legislativos.

Antes, cuando surgía el escándalo, manifestó orgullo por su “orientación sexual” y negó que por ella puedan acusarlo de pedófilo.

Papasso ha dicho que denunció a Penadés este año porque recordó sus encuentros con él cuando el senador criticó una protesta suya por la visita a Montevideo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que terminó con ella detenida y condenada por atentado tras escupir a una funcionaria municipal.

Penadés también renunció al Partido Nacional y algunos opositores advierten que, con su caída, el gobierno ha perdido a un interlocutor clave.

“Curiosamente, Penadés en el Senado era el mejor representante del gobierno, con el cual se podía mantener un diálogo de altura”, dijo el expresidente José “Pepe” Mujica y evitó juzgar el caso.

Otros en la izquierda han criticado a Lacalle Pou y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por haber respaldado a Penadés cuando surgieron las acusaciones contra él.

En los últimos días el presidente pareció matizar su postura sobre Penadés. “Las denuncias son muchas (y) por lo que he podido averiguar son graves”, declaró el viernes.

A falta de que concluya la investigación y se pronuncie la Justicia, el caso deja por ahora varias preguntas abiertas.

Una de ellas es si Uruguay protege de forma adecuada a sus menores del peligro de abusos sexuales.

Los casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes han crecido más del doble desde 2019, cuando se registraron 240, hasta un récord de 529 el año pasado, según el comité encargado de erradicarlos.

Otra interrogante es cómo, en un país pequeño donde suele decirse que “todo el mundo se conoce”, Penadés estuvo tanto tiempo en la cocina política sin que surgieran las denuncias que ahora enfrenta.

El escándalo, al igual que otros recientes, podría tener un costo electoral para la coalición de gobierno y sobre todo para el Partido Nacional, dice el politólogo Adolfo Garcé a BBC Mundo.

Pero avisa que también hay un riesgo de erosión de una democracia que, pese a ser considerada la mejor de la región, padece “problemas de todo tipo”, desde institucionales hasta de ética política.

“Lo más importante en términos políticos es cuánto este caso, sumado a otros casos que han ocurrido en este gobierno y también en gobiernos anteriores, termina minando la credibilidad de la ciudadanía en la democracia y en los partidos”, concluye.