La severa crisis política en la que se encuentra sumido Perú ha puesto en jaque la aplicación de su Carta Magna con interpretaciones controvertidas hechas tanto por el gobierno del presidente Martín Vizcarra como por el Congreso, controlado por una mayoría opositora conformada por fujimoristas y aliados.
BBC NEWS MUNDO
Disolución del Congreso de Perú: las dudas sobre la legalidad de la decisión de Vizcarra de disolver la cámara y sobre la suspensión temporal del presidente
Citaron y aplicaron la Constitución, pero cada uno a su manera.
El pasado lunes, Vizcarra decretó la disolución del Congreso y llamó a elecciones parlamentarias.
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El mandatario basó su decisión en un artículo de la Constitución que le autoriza a adoptar una medida semejante cuando el Parlamento le niega por segunda vez una cuestión de confianza.
Por su parte, el Congreso decidió suspender a Vizcarra de sus funciones ejecutivas durante 12 meses por “incapacidad temporal”. Al mismo tiempo juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones” del país, quien apenas 24 horas después anunció su renuncia tanto al cargo de vicepresidenta como al encargo del Congreso de actuar como presidenta interina.
El resultado de lo sucedido esta semana es una crisis política y constitucional de grandes proporciones y difícil solución.
¿La razón? Tanto Vizcarra como el Congreso tomaron acciones inéditas basadas no en la letra de la ley sino en interpretaciones que no tienen precedentes y sobre las cuales pesan numerosas dudas.
Negación tácita
El lunes, el gobierno de Vizcarra presentó ante el Congreso una cuestión de confianza para modificar la Ley Orgánica de Elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).
Al mismo tiempo, pidió la suspensión de la votación para escoger a nuevos miembros de ese tribunal, un proceso que ya estaba incorporado en la agenda del día del la cámara.
La petición fue presentada por la mañana en nombre del gobierno por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.
Sin embargo, tras su presentación, el Congreso mantuvo su agenda y continuó con el proceso de elección de magistrados y postergó para la tarde la discusión de la cuestión de confianza.
Tras el nombramiento de un nuevo magistrado para el TC -uno de los seis que deben ser reemplazados por el fin de su periodo-, Vizcarra anunció la disolución de la cámara y la consecuente convocatoria de elecciones legislativas.
El presidente daba por hecho que, con la votación del magistrado, la cuestión de confianza le había sido denegada.
Sin embargo, expertos consultados por BBC Mundo creen que el mandatario se equivocó al hacerlo.
“La falla de Vizcarra es interpretar tácitamente que habían votado en contra del pedido de confianza y eso es una cosa muy forzada porque la Constitución es muy clara. El pedido de confianza se debate y se vota en la misma sesión o en la siguiente y no había habido una votación”, dice Fernando Calle Hayen, exmagistrado del Tribunal Constitucional de Perú.
“Allí hay una infracción”, agrega el experto, aunque rechaza comparar lo ocurrido con el llamado Fujimorazo, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso en 1992.
“Aquí no hay una intervención del gobierno actual sobre el Poder Judicial, la Fiscalía, los medios de comunicación… un golpe de Estado completo, como cuando Fujimori. Aunque se ha roto el orden de todas maneras”, opina.
Víctor García Toma, expresidente del TC y exministro de Justicia, señala que, al asumir la negación implícita, Vizcarra se adentró en un terreno que “nunca ha sido aclarado ni precisado”.
“La decisión de Vizcarra contraviene la Constitución”, afirma.
García Toma asegura que el decreto de disolución del Congreso no fue firmado por todos los miembros del gabinete sino solamente por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, algo que considera irregular.
“La pregunta es ¿por qué no aparecen las firmas de los otros ministros? Porque se negaron a firmarlo para no hacerse corresponsables de actos de control político e incluso de imputaciones penales”, asegura.
Otros expertos constitucionalistas citados por medios peruanos como Gabriela Oporto Patroni y Luis Castillo Córdova, en cambio, consideran válida la interpretación hecha por el Ejecutivo peruano.
Para complicar las cosas aún más, mientras Vizcarra anunciaba la disolución del Congreso, los legisladores discutían y votaban sobre la cuestión de confianza solicitada que terminó siendo aprobada.
Los medios en Perú difieren en torno a cuándo se produjo la aprobación por parte del Legislativo. Algunos refieren que ocurrió “minutos” o incluso “segundos” antes de que Vizcarra hiciera su anuncio.
Suspensión temporal
Pero, si el gobierno de Vizcarra puede haberse adentrado en terrenos inexplorados, el Congreso no hizo menos.
En respuesta a la decisión del mandatario, el Legislativo peruano aprobó una moción para suspenderlo de su cargo durante 12 meses y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”, aunque esta renunció a sus cargos apenas 24 horas después.
“Allí hay otra infracción: la suspensión temporal de un presidente de la República -por interpretación y tradición- se da cuando está mal de salud, pero aquí deciden suspenderlo sin que el mandatario esté enfermo ni secuestrado (algo que ha pasado en la historia)”, señala Calle Hayen.
El exmagistrado asegura además que la votación para suspender a Vizcarra no contó con los votos requeridos para ello, equivalentes a dos tercios de la cámara.
García Toma coincide en valorar como “discutible” aunque “no descabellada” la decisión del Congreso.
“Lo que ocurre es que cuando ya entramos en una situación de anormalidad constitucional se hace bastante complejo encuadrar los problemas y las fricciones políticas en el marco pleno de la Constitución, pues ésta ya ha sido arrimada por situaciones fácticas”, explica.
“Se trata de una interpretación que ha hecho el Congreso sobre la materia y que efectivamente es debatible y discutible. Caben varias interpretaciones”, agrega.
Difícil solución
Una vez activada esta crisis constitucional, la solución no es del todo evidente.
La OEA destacó la convocatoria a nuevas elecciones hecha por Vizcarra como un paso “constructivo” para dirimir el conflicto.
Sin embargo, Calle Hayen advierte que una convocatoria electoral sin que medie una reforma de las reglas del juego podría dejar al país en el mismo punto.
“Si vamos a ir a unas elecciones ahora, vamos con los mismos problemas, con las mismas reglas y los mismos defectos. Quizá por eso una Constituyente con el apoyo de la OEA podría ayudar”, apunta.
Aunque reconoce que se trata de una opción no prevista en la Constitución y que ha sido rechazada durante bastante tiempo en Perú, destaca que la Carta Magna requiere varios ajustes que se han ido postergando.
Según el experto, otra posibilidad sería que se plantee una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la interpretación que hizo Vizcarra sobre el rechazo tácito de la cuestión de confianza.
Esta alternativa, sin embargo, podría tardar demasiado.
“Eso es viable, pero los trámites son lentos y esta situación podría alargarse unos cuatro meses”, señala García Toma.
“Obviamente, una crisis política no puede esperar tanto tiempo”, advierte.
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