Efectivos militares “mantienen detenidos” a Andrés Oliveros y Rafael Álvarez -de la Universidad Central de Venezuela (UCV) – y a Andry Rincón -camarógrafo del canal digital Vivo Play-, afirmó Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal.
Romero aseguró que los estudiantes “se encuentran en Fuerte Tiuna”, principal instalación militar de la capital.
Un grupo de universitarios marchó temprano hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y chocó con funcionarios de la Guardia Nacional que impidieron su llegada.
Así agredieron a la periodista frente al TSJ. Como diría @LuisCarlos “golpear gente debe ser la actividad favorita de los uniformados”. pic.twitter.com/NI0Pg7RFHz
— Olga Palis (@olgapalis) March 31, 2017
Mediante un fallo difundido el miércoles, la corte tomó las atribuciones del Legislativo al alegar que se encuentra en “desacato”.
Durante la manifestación se registraron igualmente agresiones contra reporteros. Militares arrastraron por el piso a Elyangélica González, corresponsal venezolana de la radioemisora colombiana Caracol.
En tanto, partidarios oficialistas intentaron arrebatarle su cámara a un fotógrafo de la AFP.
González denunció, además, amenazas contra familiares. También se registraron agresiones contra periodistas de Reuters y CNN.
4 mujeres y 5 hombres de la Guardia de Venezuela acorralaron, golpearon y destruyeron el celular de la periodista González de @CaracolRadio
— FLIP (@FLIP_org) March 31, 2017
Maduro niega golpe de Estado
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, apareció en la televisión para negar que hubo un autogolpe de Estado, como denunciaron opositores y la OEA, y dijo que apoya las decisiones del máximo tribunal de tomar las funciones del Parlamento.
En ese sentido, el jefe de Estado venezolano señaló que este Consejo de Defensa deberá reunirse “hoy mismo” y “deliberar y sacar una resolución que fortalezca la Constitución venezolana”, para resolver cualquier “diferencia” que haya entre “poderes constituidos”.
Golpe constitucional
La oposición venezolana y de varios países de la región, a los que se sumó el viernes España, contra el gobierno de Nicolás Maduro por considerar que el fallo constituye un golpe a la Constitución y el Estado de derecho en el país. La sentencia de la Corte, señalada de estar controlada por el Gobierno, agudizó el conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis.
En el fallo —que fue difundido la noche del miércoles— el Tribunal resolvió que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”.
Un “cacerolazo” masivo en protesta por la sentencia se extendió la noche del jueves en la capital venezolana, en el que personas golpeaban ollas y cacerolas desde los balcones de los edificios y las entradas de sus casas en varios sectores del este de la capital. Desde algunos edificios incluso se escuchaban gritos de “Fuera Maduro”.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó el viernes formalmente a la Presidencia del Consejo Permanente del organismo que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Almagro pide que en esa sesión se consideren sus informes críticos sobre Venezuela (del pasado 30 de mayo y del 14 de marzo), “así como los efectos sobre el orden constitucional democrático de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela”, según la solicitud, firmada el viernes.
Almagro invoca el artículo que da potestad al secretario general y a cualquier Estado miembro para solicitar una sesión de “apreciación colectiva de la situación”, donde se puedan “adoptar las decisiones que se estimen convenientes” cuando en un país se produzca “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
Unas 50 personas, apostadas en una de las principales autopistas del este de Caracas y portando banderas nacionales y silbatos, se manifestaron rodeadas de policías que trataban de restablecer el paso en la vía donde permanecían varios vehículos que no pudieron avanzar debido a la protesta. “Los 30 millones de venezolanos debemos salir a las calles para enfrentar la dictadura que hay en Venezuela”, dijo Daniela Tani, de 41 años, coordinadora de la organización opositora Vente Venezuela.
“A partir de hoy llamamos al artículo 350 (de la Constitución) y nos declaramos en desobediencia civil”, agregó Tani, que estaba junto a otros manifestantes en medio de la vía bloqueando el paso, custodiados por decenas de policías.
El artículo 350 establece que el pueblo venezolano “fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia… desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
En enero de 2016, tras una aplastante victoria, la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años. Desde entonces, el Tribunal ha emitido casi medio centenar de sentencias contra leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo y lo ha declarado en desacato.
Usurpación de poderes
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, denunció que “en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”. A su vez, el diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó que “ya no se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional, sino de usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra Venezuela”.
El fallo se dio a conocer un día después de que los países miembros de la OEA se reunieran en Washington para debatir sobre la situación política en Venezuela. “Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció en un comunicado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien catalogó como un “auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional”.
Almagro también recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que “debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio”. No hubo consenso sobre una propuesta de Almagro para suspender a Venezuela del bloque, pero la sesión terminó con el compromiso de 20 naciones de monitorear la situación y tomar medidas para asegurar que el gobierno venezolano entable un diálogo.
La mayoría de líderes políticos españoles, incluido el presidente del gobierno, criticaron el viernes la inhabilitación del Congreso venezolano por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
El departamento de Estado norteamericano condenó la decisión del Tribunal de asumir las responsabilidades del Congreso y advirtió que debilita a las instituciones democráticas. A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Donald Trump agregó que esta medida “usurpa los poderes de la Asamblea Nacional, que fueron elegidos democráticamente” y niega al pueblo venezolano el derecho a moldear el futuro de su país a través de los representantes electos.
Horas antes, el gobierno de Perú condenó en un escrito la decisión del Tribunal Supremo venezolano por considerar que “constituye una ruptura del orden constitucional y democrático “ y en consecuencia decidió “retirar de manera definitiva a su embajador”.
El gobierno del presidente boliviano Evo Morales, en tanto, expresó su “solidaridad e incondicional apoyo” ante lo que considera como “un nuevo ataque y acoso político que intenta fracturar la democracia, desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución Venezolana”.
Piden elecciones
Panamá y México también expresaron “su profunda preocupación” por las recientes decisiones del máximo tribunal. El gobierno mexicano además reiteró lo manifestado en una declaración divulgada la semana pasada por un grupo de 14 países, en la que pidieron elecciones inmediatas, liberar a los presos políticos y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional.
Por su parte, la presidenta chilena Michelle Bachelet escribió en su cuenta de Twitter que “la situación en Venezuela es muy preocupante. En América Latina debemos defender la convivencia democrática en nuestras sociedades” . La mandataria, de gira en Portugal, convocó a Chile a su embajador en Venezuela “a informar” , medida diplomática con la que se expresan desacuerdos y críticas.
A comienzos de esta semana, el Tribunal también abrió el camino para poner límites a la inmunidad de los legisladores tras declarar nulo el respaldo de la Asamblea Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana. En esa sentencia, la Sala Constitucional ordenó a Maduro ejercer las medidas necesarias para evitar un “Estado de conmoción” y “revisar las diversas leyes” ante el desacato del Congreso.
La sentencia del miércoles, que permite la creación de empresas mixtas sin el visto bueno de la Asamblea, se produjo en momentos en que la Asamblea Nacional investiga una serie de acuerdos que estaría tramitando el gobierno al margen del Legislativo, que por ley debe avalarlos, y que incluyen la creación de cualquier empresa conjunta entre la petrolera estatal venezolana y empresas privadas internacionales.
Niegan señalamientos
El gobierno de Venezuela consideró “falso” que se haya perpetrado un golpe de Estado en el país, luego de que el máximo tribunal asumiera las competencias del Parlamento de amplia mayoría opositora.
“Es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela. Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señaló la cancillería este viernes en un comunicado.
Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos, junto con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazaron el jueves último “la ruptura del orden constitucional” en Venezuela.
Además, Almagro solicitó formalmente este viernes al Consejo Permanente de la OEA convocar una sesión urgente para evaluar la crisis política en ese país.
A su vez, la cancillería venezolana anunció que ejercerá “las acciones políticas y diplomáticas que brinda el Derecho Internacional y nuestro orden jurídico” para “evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz” en el país petrolero.
La canciller Delcy Rodríguez tiene previsto entregar este viernes al TSJ un documento en respaldo al fallo.
La corte alega que el Parlamento está en desacato por haber juramentado a tres asambleístas opositores cuya elección fue suspendida por la justicia por presunto fraude electoral.
