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Así es como México podría transformar radicalmente su sistema judicial
La legislación aprobada por el Congreso podría producir una de las reestructuraciones judiciales de mayor alcance en cualquier gran democracia.
Trabajadores del poder judicial de la federación protestan este miércoles, en los alrededores del Senado de la República, en Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejará su cargo a finales de septiembre. Sin embargo, antes de hacerlo, es probable que vea cumplida una de sus últimas misiones: un profundo rediseño del poder judicial que, según él, es necesario para combatir la corrupción.
Los cambios propuestos por el presidente harían que el poder judicial dejara de ser un sistema basado en nombramientos, que en gran medida gira en torno a la formación y las cualificaciones, para convertirse en otro en el que los votantes elijan a los jueces y haya pocos requisitos para postularse. Casi la mayoría de los 7000 jueces se verán afectados por la medida lo que convierte la medida en una de las más amplias en su tipo intentadas en cualquier parte del mundo, según los juristas.
Los cambios se aplicarían a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia; a 1635 jueces y magistrados federales y más de 5700 jueces estatales y municipales. Se eliminarían las largas listas de requisitos para ser juez, sobre todo a nivel federal, lo que abriría el camino para que se presentaran personas que simplemente tuvieran una licenciatura en Derecho y algunos años de experiencia jurídica.
La medida ya fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada, y superó su mayor obstáculo al ser aprobada por un estrecho margen en el Senado este miércoles, incluso después de que manifestantes irrumpieran en el edificio e interrumpieran la sesión el martes. Ahora pasará a los congresos estatales, donde se espera que se apruebe fácilmente en los próximos meses.
La medida podría dar lugar a una de las revisiones judiciales de mayor alcance en cualquier democracia. Relativamente pocos países permiten que los jueces sean elegidos a una escala significativa, pero ninguno en el grado que propone López Obrador, de acuerdo con los juristas.
El gobierno afirma que las medidas son necesarias para modernizar el poder judicial e infundir confianza en un sistema plagado de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo el 1 de octubre y ha respaldado completamente el plan.
Quienes critican la propuesta sostienen que el plan haría poco para solucionar problemas como la corrupción y, en cambio, aumentaría el poder del movimiento político nacionalista de López Obrador.
Esto es lo que hay que saber sobre la propuesta para replantear el sistema judicial judicial de México.
¿Qué harían las medidas?
Las propuestas cambiarían la forma en que se seleccionan los jueces en todo el poder judicial de México, pasando a un sistema en el que los candidatos a magistrados deben participar en elecciones en lugar de ser nombrados basándose más que nada en una serie de pruebas, sus cualificaciones y su formación.
Sin embargo, las medidas no se aplicarían a los jueces militares, ni a los jueces involucrados en conflictos de tierras o disputas específicas entre organismos administrativos y ciudadanos. Tales excepciones representan una pequeña fracción de los jueces de México.
La propuesta también reestructuraría a la Suprema Corte, reduciendo el número de jueces de 11 a 9 y acortando sus mandatos de 15 a 12 años. En algunos casos, los salarios y prestaciones de los jueces podrían reducirse para recortar gastos.
Además, se crearía un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros también serían elegidos por votación popular y tendrían amplios poderes para investigar y posiblemente incluso despedir o destituir a los jueces. Las decisiones del tribunal serían definitivas e inapelables.
¿Por qué molesta a jueces, trabajadores judiciales y críticos?
El plan de López Obrador ha provocado protestas en todo el país e incluso ha sido el centro de una disputa diplomática con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que lo calificó de un “riesgo de importancia para el funcionamiento de la democracia de México”.
Muchos críticos del plan están de acuerdo en que el sistema necesita una renovación, pero advierten de que la propuesta del gobierno haría poco por librar al poder judicial de sus problemas. Por el contrario, dicen que erosionaría la independencia judicial y permitiría al movimiento político de López Obrador concentrar el poder.
Específicamente, a quienes critican a López Obrador y a sus aliados les preocupa que las medidas puedan afianzar sus ventajas políticas actuales por un período más largo de tiempo, al conseguir que se elijan jueces que estén alineados con Morena, el partido gobernante.
A algunas empresas extranjeras les preocupa que los cambios puedan complicar la búsqueda de jueces imparciales a la hora de examinar litigios entre el gobierno y las empresas. Otros críticos han advertido que los cárteles de la droga podrían intentar influir en las nuevas elecciones judiciales, al igual que han hecho en otras contiendas políticas en todo el país.
Aunque algunos países permiten la elección de algunos jueces por votación popular —entre ellos Estados Unidos, Suiza y Japón—, los expertos afirman que ninguno de ellos lo hace de forma tan generalizada como lo harían los cambios propuestos en México.
La determinación de imponer las medidas ha mantenido en vilo a los mercados financieros, marcados por una caída de más del 15% en el valor del peso desde principios de junio.
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¿Cuándo podrían aprobarse e implementarse las medidas?
Los líderes del partido Morena, de López Obrador, pretenden que las medidas se aprueben en el Congreso este mes, antes de que López Obrador finalice su mandato el 1 de octubre. La medida se aprobó en la Cámara de Diputados la semana pasada, con 357 legisladores presentes que votaron a favor del proyecto y 130 en contra. El miércoles, el Senado también aprobó la reforma con 86 votos a favor. Un total de 41 senadores se opusieron.
Además de ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso, las medidas tienen que ser adoptadas por la mayoría de las legislaturas estatales; una tarea fácil, ya que Morena y sus aliados tienen mayoría en casi todos los congresos estatales. Los cambios se implementarían gradualmente, con una gran parte del poder judicial participando en una elección en 2025 y el resto en 2027. Eso significa que los 32 estados necesitan cambiar sus constituciones y elegir entre organizar elecciones en 2025 o esperar otros dos años.
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