La norma aprobada el miércoles 26 de julio por el Congreso de aquella nación, en virtud del régimen de excepción en vigor desde marzo de 2022, conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio, lo que implica una “violación de los derechos a la defensa”, según la organización Amnistía Internacional (AI).
Casi 72 mil personas acusadas de pertenecer a pandillas criminales o grupos terroristas, como les llama el gobierno, están presas en El Salvador tras la aplicación del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial.
“Seguir adelante con juicios colectivos en las siguientes etapas del proceso penal constituye un continuum de violación de los derechos a la defensa, un juicio justo y la presunción de inocencia, derechos que han sido flagrantemente vulnerados” por Bukele, indican representantes de Amnistía Internacional.
La nueva norma también fue rechazada por el juez Antonio Durán, un crítico del régimen de excepción, quien afirmó que el objetivo es “tener condenas masivas y rápidas”.
“Todo esto es parte de la campaña por la reelección de Bukele, que es inconstitucional”, declaró el juez a la AFP.
“Esto de los juicios masivos contradice un principio que es el de responsabilidad individual”, indicó el juez Durán, afirmando que la medida “contrasta con los estándares internacionales de justicia”.
Qué son los juicios colectivos de Nayib Bukele
- La primera propuesta contiene disposiciones transitorias para “ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”.
- Lo transitorio, señalan, significa disposiciones que tienen vigencia solo por un período determinado de tiempo, sin embargo, estas no establecen cuándo finalizan. Tanto en la reforma como en declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad Pública se hace referencia a que el procedimiento es “transicional”, un término desafortunado “dado que la reforma no se centra en las víctimas ni puede considerarse como justicia transicional”, citan en su análisis jurídico.
- Conforme el artículo 1 de las disposiciones, el objeto es regular el procedimiento que se debe llevar a cabo para el sometimiento de imputados a un solo proceso penal, por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita, y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción.
- Las disposiciones plantean que la Fiscalía General de la República llevará a cabo un procedimiento transicional con el objeto de agrupar por estructura a imputados en procesos en instrucción en diferentes tribunales, cuando se considere que los detenidos pertenecen a una misma estructura criminal. Para “someter” a los imputados a una sola causa se tendrá en cuenta cualquiera de los siguientes criterios: estructura, denominación, funcionamiento, territorio u otros que resulten aplicables a criterio fiscal, de acuerdo con los elementos indiciarios con que se cuente para ello.
- Eso implica que las más de 70 mil personas que están detenidas por diferentes procesos y en diferentes tribunales en el país serán agrupadas y clasificadas como miembros de determinadas estructuras de las pandillas a criterio de la Fiscalía y unificadas en uno o varios procesos penales.
- Por ejemplo, si la Fiscalía agrupa a 1,000 personas como miembros de una clica de una pandilla7, en lugar de que las 1,000 personas sigan procesadas en diferentes procesos y tribunales, se hará en un solo proceso y un mismo tribunal.
Las modificaciones
Un análisis jurídico de la oenegé Cristosal recuerda que el 11 de julio de 2023, el grupo parlamentario oficialista Nuevas Ideas introdujo dos iniciativas de Ley del presidente de la República por medio del ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Una denominada “Disposiciones Transitorias Especiales para Ordenar el Procesamiento de Imputados Detenidos en el Marco del Régimen de Excepción Decretado a partir del
veintisiete de marzo de dos mil veintidós”, y la otra referida a “Reformas a la Ley contra el Crimen Organizado”.
Según Cristosal a diferencia de propuestas anteriores que han sido aprobadas con dispensa de trámite y sin ser conocidas por las comisiones respectivas, en esta oportunidad se pasó a conocimiento de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad para su análisis y discusión, la cual procedió a hacer algunas consultas al ministro de Justicia y Seguridad Pública, al fiscal general de la República y a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, al comparecer el 25 de julio de 2023 a la Asamblea Legislativa, justificó la propuesta como una herramienta necesaria para el
enjuiciamiento de las estructuras de pandillas, dando a entender que con las herramientas procesales actuales no se puede procesar por la forma en que están organizadas las pandillas, llegando incluso a señalar que podía ser un modelo que seguir por otros países.
A pesar de que el fiscal general mostró su apoyo a la propuesta, señaló su desacuerdo con una reforma al artículo 6 de la Ley contra el Crimen Organizado (LECO) que permite considerar como prueba documental las actas policiales.
De igual forma, la magistrada de la Sala de lo Penal, Sandra Luz Chicas, entre otras observaciones, advirtió que la reforma al artículo 8 de la misma ley podría conllevar a que los jueces se convirtieran en “pasa papeles.”, ya que los obliga a aprobar las solicitudes de ampliación de testigos con la “sola vista” de la solicitud, aunque reformas anteriormente realizadas ya han asignado este tipo de rol a los jueces.
No obstante, las dos propuestas de reforma fueron aprobadas, primero por la Comisión y luego por la Asamblea Legislativa. Estas reformas están relacionadas a los procesos penales en el marco del régimen de excepción y se unen a un conjunto de reformas penales realizadas en 2022, las cuales han debilitado las garantías procesales como ha señalado previamente Cristosal.
“Medida electorera”
Para la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con los juicios colectivos será “imposible” garantizar “un juicio justo y un derecho a la defensa”.
“Esto nos hace preguntarnos si la posición y la política del gobierno es que se tiene que perseguir a las pandillas, la criminalidad organizada, dando muerte al Estado de Derecho y la democracia”, señaló a la AFP Marcela Martino, directora adjunta para Centroamérica y México de CEJIL.
Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, atribuyó la nueva norma a motivos electorales, pues fue impulsada por Bukele y aprobada con los votos del oficialismo, que controla el Congreso.
La medida “obedece a una situación electorera que como ya nos acercamos a las elecciones, va dirigida a convencer a los que están dudando del gobierno”, indicó Montenegro a la AFP.
“Juzgados por igual”
La nueva disposición establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer hasta 24 meses presos antes de ser llevados a juicio o liberados.
Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen, dijo a la AFP que la norma “vulnera los derechos de aquellos que no tienen nada que ver con las pandillas, pues serán juzgados por igual”.
