Desde el centro-derecha hasta la extrema izquierda, los líderes han usado la crisis como excusa para extender sus mandatos, debilitar la vigilancia a las acciones gubernamentales y acallar a los críticos, medidas que bajo otras circunstancias serían descritas como autoritarias y antidemocráticas pero que ahora se presentan como acciones salvadoras, necesarias para detener la propagación de la enfermedad.
El debilitamiento gradual de las normas democráticas durante una crisis económica y la catástrofe de salud pública podrían dejar a América Latina condenada a un crecimiento más lento y un aumento de la corrupción y los abusos contra los derechos humanos, advirtieron los expertos. Esto es particularmente cierto en los lugares donde los derechos políticos y la rendición de cuentas ya estaban en un declive precipitado.
“No es un asunto de izquierda o de derecha, es una disminución de la democracia en general en toda la región”, dijo Alessandra Pinna, investigadora para América Latina en Freedom House, una organización con sede en Washington que monitorea las libertades políticas globales.
Actualmente hay cinco países en América Latina y el Caribe con historias democráticas recientes —Venezuela, Nicaragua, Guyana, Bolivia y Haití— donde los gobiernos no fueron electos en elecciones libres y justas o han extendido su mandato. Es la mayor cantidad desde finales de los años ochenta, cuando la Guerra Fría se encaminaba a su final y varios países que se encontraban inmersos en guerras civiles o bajo dictaduras militares hicieron transiciones hacia la paz y la democracia.
La mayoría de estos líderes ya manipulaban las reglas democráticas para permanecer en el poder antes de la pandemia, pero aprovecharon las condiciones de emergencia creadas por la propagación del virus para fortalecer su posición.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detuvo o allanó las casas de decenas de periodistas, activistas sociales y líderes de la oposición que han cuestionado las dudosas cifras del gobierno sobre el coronavirus.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega liberó a miles de presos debido a la amenaza que representa el virus, pero ha mantenido tras las rejas a los presos políticos, mientras que en Guyana, un bloqueo impidió las protestas contra el intento del gobierno de mantenerse en el poder a pesar de haber perdido una elección.
En Bolivia, el gobierno interino ha usado la pandemia para posponer las elecciones, ha recurrido a la ayuda de emergencia para apuntalar su campaña electoral y ha amenazado con prohibir que el principal candidato de oposición postule.
Y en las islas de San Cristóbal y Nieves, el gobierno impuso en junio una cuarentena estricta a sus 50 mil habitantes, durante la campaña para las elecciones generales, lo que obstaculizó los esfuerzos de la oposición para llegar a los votantes y al mismo tiempo evitó que los observadores electorales internacionales viajaran al país.
Fue la primera vez en la historia reciente que a la Organización de Estados Americanos, un grupo regional que promueve la democracia, se le retiró la invitación de observar las elecciones.
Aunque la pérdida de la confianza pública en América Latina no es reciente, la erosión de las normas democráticas durante la pandemia llegó en un momento en que el crecimiento económico y el progreso social de la región ya se estaban desmoronando, lo que ha dejado mucha incertidumbre en torno a la capacidad de los líderes democráticos para resolver problemas arraigados, como la desigualdad, el crimen y la corrupción.
En 2018, solo uno de cada cuatro latinoamericanos decía estar satisfecho con la democracia, el número más bajo desde que Latinobarómetro, una encuestadora regional, comenzó a hacer esa pregunta hace 25 años.
El descontento con el sistema político llevó en años recientes a una ola de victorias populistas entre las que se cuentan las de Jair Bolsonaro, quien se encuentra en la extrema derecha, y Andrés Manuel López Obrador, de México, posicionado hacia la izquierda. También condujo a protestas callejeras masivas en varios países latinoamericanos el año pasado.
En este tiempo de convulsión política, la pandemia ha sumido a la región en la recesión más profunda de su historia, lo que ha exacerbado las debilidades en los sistemas de bienestar y salud y puesto en evidencia los muchos modos en que los líderes son incapaces de satisfacer las demandas de la población.
“Todas las cosas que ya los latinoamericanos estaban pidiendo —más igualdad, mejores servicios— han empeorado dramáticamente con la pandemia” dijo Cynthia Arnson, directora de programa para Latinoamérica del Centro Wilson, un centro de análisis en Washington. “El sufrimiento económico es dramático y pone una tensión adicional en instituciones de por sí débiles”.
Los sistemas de salud de la región, en dificultades, también se han visto perjudicados. Latinoamérica se ha convertido en una zona crítica del virus a nivel global y Brasil, México y Perú se encuentran entre los 10 países con más cantidad de fallecimientos en el mundo. De acuerdo con las Naciones Unidas, se espera que unos 16 millones de latinoamericanos caerán a la extrema pobreza este año, un revés a todos los avances de la región en este siglo.
Además de estos desafíos, la democracia en América Latina también ha perdido el apoyo de Estados Unidos, que después del fin de la Guerra Fría había desempeñado un papel importante en la promoción de la democracia y financió programas de buen gobierno y denunció abusos autoritarios.
Con el presidente Donald Trump, Estados Unidos se ha enfocado principalmente en una política exterior regional destinada a oponerse a los autócratas izquierdistas de Venezuela y Cuba, y en reducir la inmigración al condicionar la ayuda a los países centroamericanos, algunos de los más pobres de la región, a la cooperación en materia migratoria.
El gobierno de Trump también se abstuvo de emitir declaraciones cuando Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ignoró los fallos de la Corte Suprema y usó al ejército para implementar medidas enérgicas en contra de los infractores de la cuarentena establecida durante la pandemia.
El apoyo estadounidense a las iniciativas a favor de la democracia en América Latina se redujo a casi la mitad el año pasado, a 326 millones de dólares, según cifras preliminares compiladas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés).
“En los últimos años, no solo hemos abandonado nuestro papel como fuerza democratizadora en América Latina y en el mundo sino que hemos promovido fuerzas negativas”, dijo Orlando Pérez, politólogo de la Universidad del Norte de Texas. “Nuestra política ahora es: ‘Están solos, Estados Unidos es primero’”.
En los pocos bastiones democráticos en América Latina, como Uruguay y Costa Rica, los líderes respondieron a la pandemia con eficiencia y transparencia, lo que aumentó la confianza de la gente en el gobierno. En República Dominicana y Surinam, los presidentes en funciones recientemente se retiraron del poder después de perder las elecciones, que se celebraron a pesar de la pandemia.
En muchos casos, los jueces y otros funcionarios públicos han resistido a los ataques contra instituciones democráticas durante la pandemia, dijo Javier Corrales, profesor de estudios latinoamericanos en el Amherst College de Massachusetts. “Los defensores de la democracia liberal en América Latina no han sido derrotados”, dijo Corrales. “Los aspirantes a autócratas no tienen el camino libre”.
Sin embargo, en la mayoría de las naciones latinoamericanas, el coronavirus aceleró el declive democrático ya existente al dejar en evidencia la debilidad y la corrupción de los gobiernos ante la catástrofe.
“Al enfrentarse a una amenaza existencial, los países que aún no tenían sistemas democráticos profundos recurren a tácticas que ayudan a los líderes a consolidar su poder’‘, dijo John Polga-Hacimovich, politólogo de la Academia Naval Estadounidense en Maryland.
Las tensiones políticas que aquejan a la región durante la pandemia podrían ser solo el comienzo de una ola más prolongada de disturbios y autoritarismo, dijo Thomas Carothers, miembro de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. “Va a arrastrar a la región a un peor desempeño económico”, dijo. “También significa un peor trato a los seres humanos, su dignidad y sus derechos”.
