“Pero para conseguir los 50 mil pesos el delincuente debe estar muerto”, subrayó el alcalde, elegido en los comicios generales filipinos del pasado 9 de mayo.
Según Osmeña, tanto policías como agentes de seguridad como civiles recibirán esta suma sólo si la ejecución está justificada y el arma que se utiliza para ella está registrada.
US$100 por herir a un delincuente
US$1000 por quitarle la vida
Por ejemplo, citó el alcalde, “hay un robo, los civiles acuden a rescatar (a las víctimas) y disparan al ladrón” .
El político instó, además, a los delincuentes a abandonar la ciudad si no quieren morir, y le restó importancia a la posibilidad de que proliferen grupos de sicarios en Cebú.
“Lo importante es que los ladrones tengan miedo. Esto es sólo una advertencia”, explicó Osmeña.
El radical método de lucha contra el crimen del alcalde de Cebú se asimila al que ha promocionado el presidente electo de Filipinas, Rodrigo Duterte, que defiende públicamente la ejecución extrajudicial de ladrones o drogadictos para reducir los índices de delincuencia.
Duterte, que ha sido alcalde de la ciudad de Davao durante más de 20 años, ha sido acusado por la ONG Human Rights Watch (HRW) de ser el responsable de un grupo de sicarios, conocidos como los Escuadrones de la Muerte, que ha matado a más de mil supuestos criminales.
Tras ganar las elecciones, Duterte ha vuelto a advertir de que matará a criminales, ha anunciado su intención de restaurar la pena de muerte en Filipinas y ha dado órdenes a las fuerzas del orden de “disparar a matar” si algún delincuente se resiste a ser arrestado.
Aunque ha sido muy criticado por organizaciones e importantes figuras políticas, Duterte cuenta con un importante apoyo popular y fue elegido presidente de Filipinas en las elecciones generales del pasado 9 de mayo con casi un 39 por ciento de los sufragios.
