De acuerdo con su defensor, Guzmán dijo vía telefónica a su madre y a sus hermanas que tiene conocimiento de que Estados Unidos quiere quitarle US$14 mil millones que forman parte de sus bienes por lo que desea que estos sean dados a los pueblos originarios, una alusión a las comunidades indígenas.
El Chapo “dijo que el dinero no pertenece a Estados Unidos sino al Gobierno de México y que él esta totalmente de acuerdo en que regrese a México el dinero, con una suplica al presidente (de México, Andrés Manuel) López Obrador de que ese dinero se destine a las comunidades indígenas”, aseveró González Meza en conferencia de prensa.
La declaración se da luego de que en el Senado se promoviera la creación de una comisión binacional para negociar la repatriación de bienes decomisados al narcotraficante así como de cualquier otro criminal que haya sido juzgado en la Unión Americana.
Sobre la posible repatriación a México del capo, ahora ingresado en un cárcel de máxima seguridad en Denver, Colorado, su apoderado judicial Juan Pablo Badillo Soto indicó que el juicio no es válido porque no fue puesto a disposición de las autoridades que lo reclamaban en San Diego sino en Nueva York “donde nunca fue requerido”.
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Según Soto los documentos de extradición señalan que “si el imputado no es puesto a disposición de las autoridades que lo reclaman en los primeros 60 días, será puesto en libertad inmediatamente”.
Los defensores criticaron las condiciones inhumanas en la que vive Guzmán y amagaron con revelar los nombres de altos funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) que están “poniendo trabas” en el proceso de repatriación del dinero y de su cliente.
“En la Secretaria de Relaciones Exteriores es el doctor Alejandro Celorio Alcántara, el director jurídico, el licenciado César García Mondragón, y el licenciado Rafael Peralta Zayas. Los tres se han negado a platicar con nosotros y los escritos que hemos promovido los han rechazado sin fundamento alguno”, acusó González Meza.
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