El fallo del 11 de octubre provocó la indignación en medios sociales portugueses, y se convocaron protestas callejeras.
La organización feminista Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta (UMAR) ha convocado para este viernes una concentración en Lisboa, en rechazo a la polémica sentencia.
UMAR, que considera que la decisión judicial “atenta contra los derechos, libertades y garantías de la víctima y, particularmente, contra la dignidad humana”, llamó a manifestarse en la tarde del viernes en el centro de la capital portuguesa, acto al que esperan una nutrida asistencia.
“Cuanto más expresión pública haya por esta situación, mejor”, declaró a Efe la portavoz de UMAR, Elisabete Brasil.
Antecedentes
Según el periódico portugués “Diário de Notícias”, existen al menos cuatro fallos similares del mismo juez, quien en 2016 anuló una pena de prisión de dos años y cuatro meses por violencia doméstica tras cuestionar la “fiabilidad” del testimonio de la agredida.
En aquella ocasión, el magistrado explicó que una mujer que comete adulterio, como era el caso de la víctima, es “falsa, hipócrita, deshonesta, desleal, fútil e inmoral” y consideró, por tanto, que su relato no resultaba sólido.
También en un dictamen el año pasado revocó una orden de alejamiento con el argumento de que “los insultos serían recíprocos y la denunciante, incluso, ha manifestado desear la muerte del acusado”.
El rotativo se refiere asimismo a una sentencia de 2013 en la que se concluye que el puñetazo y el mordisco recibidos por una denunciante a manos de su entonces compañero sentimental no tenían “suficiente gravedad”, por lo que consideró el caso una ofensa a la integridad física y no un delito de violencia doméstica.
Argumentos como éstos han llevado a UMAR a preparar una queja ante el Consejo Superior de la Magistratura de Portugal, iniciativa que apoyan la Asociación de Mujeres contra la Violencia y la Plataforma Portuguesa por el Derecho de las Mujeres, entre otras organizaciones, dijo Brasil a Efe.
“Nuestra visión es que hemos asistido a una violación del principio de legalidad”, afirmó Brasil.
