“Es a todas luces verificable que el jefe de la misión diplomática española en Venezuela fungió como principal organizador y cómplice confeso de la anunciada fuga de territorio venezolano del delincuente Leopoldo López”, indica el comunicado difundido por la cancillería venezolana.
López llegó a Madrid este domingo luego de salir clandestinamente de su país.
Tras la salida del opositor de 49 años, Caracas denunció “el incumplimiento flagrante de las disposiciones fundamentales de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas”, por parte de España, “expresada a través de incesantes acciones injerencistas en su relacionamiento con el Estado venezolano y sus instituciones”.
Silva había sido expulsado el 25 de enero de 2018, señalado por el gobierno de Maduro “de reiteradas intromisiones en asuntos internos”, pero luego “se acordó con las autoridades españolas” su regreso “en abril de ese mismo año, bajo un renovado compromiso de respeto a las leyes venezolanas e internacionales”, reseñó el texto.
“Muy por el contrario, la práctica diplomática sesgada del representante español se hizo aún más notable, al punto de cobijar bajo una figura inexistente y antijurídica, en la propia residencia de España, a un prófugo condenado por la justicia venezolana, responsable, entre otros delitos, de la muerte y lesiones de centenares de venezolanos en el año 2014”, recalcó el escrito.
López, carismático exalcalde del acomodado municipio caraqueño de Chacao, fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de prisión, acusado de incitación a la violencia en protestas contra el gobierno del mandatario Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos y unos 3.000 heridos entre febrero y mayo de 2014.
En 2017 recibió casa por cárcel, de donde fue liberado por sus guardianes y participó en un fallido alzamiento de un grupo de militares contra Maduro el 30 de abril de 2019, que fue respaldado por el jefe parlamentario Juan Guaidó.
Tras el fracaso del levantamiento, López se refugió en la casa del embajador de España en Caracas.
Ante la fuga, “las instituciones del Estado venezolano cumplirán con su obligación constitucional de realizar las investigaciones necesarias y establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes a los delitos cometidos, en estricto apego a las leyes venezolanas e internacionales y a la garantía del debido proceso”, añadió el comunicado.
