El asesinato generó condenas y pedidos de una investigación independiente, en parte por la prominencia internacional que había logrado Cáceres al ganar el prestigioso Premio Ambiental Goldman.
La muerte de Cáceres estuvo rodeada de un manto de misterio hasta el lunes, cuando las autoridades detuvieron a cuatro personas, incluido un empleado de seguridad que trabajaba, como contratista, para Desarrollos Energéticos SA, o DESA, la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El hecho de que los detenidos tengan lazos con DESA y con el ejército no sorprende a los familiares y allegados a Cáceres, quienes sospechan desde hace tiempo que la compañía y funcionarios del gobierno y de las fuerzas armadas hondureñas están involucrados en el asesinato.
Documentos judiciales de 2014, que no habían trascendido hasta ahora, indican que el gobierno y DESA trataron reiteradas veces de empañar la imagen de Cáceres y de sus colegas, pintándolos como anarquistas violentos deseosos de aterrorizar a la población con sus protestas en el sitio del proyecto.
En presentaciones que pedían la prohibición de las manifestaciones, Cáceres y otros dos líderes de su organización son acusados de “usurpación, coacción y daños continuados”, e incluso de socavar el orden democrático.
Los activistas dicen que el lenguaje fuerte ayudó a generar un clima hostil muy peligroso, que asocian directamente con el asesinato.
“Estos documentos van mucho más allá de demostrar el desprecio que la empresa sentía hacia Berta Cáceres y su organización”, dijo Billy Kyte, activista de la organización defensora del medio ambiente Global Withess, basada en Londres, que obtuvo los documentos judiciales a través de abogados que trabajaron con allegados a Cáceres, y quienes los compartieron de manera exclusiva con The Associated Press.
“Muestran una compañía dispuesta a hacer lo que sea para neutralizar a quienes se oponen a sus negocios”, dijo. “El hostigamiento legal y las amenazas… son un duro recordatorio de los enormes riesgos que corren los activistas en Honduras”.
Kyte dijo que Cáceres denunció haber recibido amenazas del personal de seguridad de la DESA y un intento de un empleado de la firma de sobornarla para que suspenda las manifestaciones.
DESA no respondió a múltiples llamadas telefónicas ni a preguntas enviadas a sus oficinas de Tegucigalpa. Los encargados de relaciones públicas de Agua Zarca difundieron un comunicado vía correo electrónico en el que niegan toda responsabilidad por la muerte de Cáceres, pero no respondieron a preguntas de la AP sobre los documentos.
El Ministerio Público (procuraduría), que figura como demandante, también se abstuvo de responder a varios pedidos de comentarios sobre los documentos.
Juan Sánchez Cantillano, quien figura como abogado de DESA en las apelaciones presentadas, dijo que el caso contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el que militaba Cáceres, se basa en relatos del Ministerio Público detallando los daños supuestamente causados por los manifestantes.
“La empresa resultó afectada por las protestas, que no fueron pacíficas, sino violentas”, dijo Sánchez, quien aclaró que representó a DESA en ese caso pero no volvió a trabajar para esa firma.
“Los manifestantes se introdujeron al terreno de DESA y quemaron la maquinaria y las oficinas… todo lo destruyeron”.
Honduras es uno de los países más violentos del planeta según las estadísticas de homicidios. Es también uno de los más peligrosos para los defensores del medio ambiente, per cápita, con 109 asesinatos entre 2010 y 2015, de acuerdo con un recuento de Global Witness.
La violencia contra esos activistas, no obstante, es común en toda América Latina, donde hubo unos 450 asesinatos entre 2010 y 2014, de acuerdo con esa organización. Entre los sitios conflictivos figuran proyectos mineros en Perú, actividades ganaderas en la Amazonia brasileña, la guerra civil de Colombia y proyectos hidroeléctricos en Guatemala y Honduras.
El proyecto Agua Zarca, ubicado en la reserva de Montaña Verde, al occidente de Honduras, fue pensado para aprovechar la capacidad de generar electricidad del río Gualcarque, considerado sagrado por la comunidad lenca.
Cáceres recibió el Premio Goldman de 2015 por movilizar a la población lenca para suspender la construcción de una represa a través de COPINH, agrupación que ayudó a fundar hace más de 20 años.
Las protestas a veces incluyeron la destrucción de la propiedad. En una manifestación del mes pasado para protestar la matanza, la gente tiró rocas al Ministerio Público, rompió ventanas, ingresó al edificio y colgó un cartel con la imagen de alguien parecida a Cáceres en el balcón del segundo piso.
Los documentos judiciales hablan de daños que incluyeron la destrucción de postes de tendido eléctrico y dicen que los manifestantes portaban machetes y garrotes. La empresa dice que sufrió daños y pérdidas por valor de 3,4 millones de dólares.
Agua Zarca publicó fotos de lo que describió como los actos de vandalismo de los manifestantes: una caseta en llamas, tubos de cemento rotos y un vehículo de la construcción con los vidrios rotos.
Pero DESA y el Ministerio no se quedaron allí. En un pedido de que se prohíban las manifestaciones, se acusa a Cáceres y los demás de “sabotaje y manipulación de las masas”. Aduce que el estado debería contrarrestar a quienes “pretenden enervar la autoridad, infundir terror atentando contra la propia independencia y soberanía nacional”.
Cáceres y sus colegas, dijeron los abogados, representan una amenaza para “la paz de la República de Honduras al violentar su soberanía económica y poner en grave peligro la integridad y seguridad del estado y de las personas”.
El tribunal falló a favor de COPINH y se presentó una apelación que está en manos de la Corte Suprema, según Sánchez, el ex abogado de DESA.
Allegados a Cáceres dicen que ese tipo de discurso los hace más vulnerables y alienta las amenazas y los ataques. Afirman que han sido seguidos y hostigados por personal de seguridad de DESA y por la policía, y que incluso les han disparado.
Dos semanas después de la muerte de Cáceres, individuos no identificados mataron a un colega suyo de COPINH, Nelson García, cuando regresaba a su casa luego de ayudar a unos indígenas a mudarse tras ser desalojados de las tierras que habían ocupado.
“Vivimos una guerra declarada contra el pueblo lenca”, dijo el dirigente de COPINH Tomás Gómez, quien es uno de los acusados, junto con Cáceres, en la demanda de DESA.
La madre de Cáceres, Austra Flores, acusó al gobierno de no ofrecerle protección a su hija, como había planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ministro de seguridad de Honduras, sin embargo, había dicho que se le había asignado una guardia a Cáceres y que ella pidió que se la retirasen porque la molestaban.
“El principal responsable de este crimen es el estado de Honduras, que debió asumir la responsabilidad de garantizar la vida de mi hija… y no cumplió con ese compromiso internacional” , se quejó Flores. “DESA tiene muchos sicarios y ellos, algunos políticos, empresarios y gente del gobierno son los responsables del asesinato de Berta… No me cabe la menor duda”.
El lunes Agua Zarca emitió una declaración reiterando que no tenía nada que ver con el asesinato y diciendo que ha cooperado con la investigación desde el comienzo.
“Hidroeléctrica Agua Zarca ratifica que bajo ningún concepto es responsable ni tiene vínculo material e intelectual con el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres”, dice el comunicado.
Entre los detenidos por el asesinato figuran el hombre que Cáceres identificó como el jefe de seguridad de la empresa, Douglas Geovanny Bustillo, y Sergio Ramón Rodríguez Orellana, que los fiscales describen como un técnico ambiental del proyecto hidroeléctrico. Los dos aparecen en los documentos como testigos en la demanda contra Cáceres y COPINH. Cáceres habría dicho que Bustillo le mandó mensajes de texto en los que la amenazaba con agresiones sexuales.
Un vocero de las fuerzas armadas dijo que los otros dos detenidos, Mariano Díaz Chávez y Edilson Dura Meza, son un mayor activo en el ejército y un capitán retirado.
Los fiscales dicen que tres de los sospechosos estaban vinculados con DESA, pero Agua Zarca afirmó el único que trabajó para el proyecto fue Rodríguez, como gerente de asuntos sociales y del medio ambiente. Se mostró “sorprendida” por su arresto y dijo que confía en que todos los manejos de sus empleados fueron legales. El portavoz de DESA Roque Galo dijo a la AP que
Bustillo fue subjefe de seguridad de un contratista y que no sabía quiénes eran los otros dos.
Las autoridades habían allanado previamente las oficinas de DESA, confiscando documentos y armas usadas por los guardias.
Kyle opinó que los arrestos fueron un “paso positivo” , pero que es necesaria una investigación internacional independiente. Destacó que, de acuerdo con otros documentos judiciales, la directiva de DESA incluye personas vinculadas con los sectores más poderosos de Honduras: el gobierno, los militares y familias ricas.
“Resta por verse si la investigación del gobierno hará que la gente indicada termine detrás de las rejas” , comentó. “Hay que responsabilizar a los autores reales, no solo a los que apretaron el gatillo” .
“Sin ella (una investigación independiente), quienes ordenaron el asesinato probablemente nunca sean encontrados. Los poderosos intereses detrás de DESA y sus vínculos con el gobierno y los servicios de inteligencia militar han comprometido seriamente la investigación de la muerte de Berta Cáceres”, expresó.
